Un catastro desactualizado: la deuda pendiente con la equidad social

La falta de actualización del catastro, sumada a la debilidad institucional y a la ausencia de políticas efectivas, limita el recaudo municipal, afecta la planeación urbana y perpetúa la desigualdad en el acceso y valoración de la tierra. 

Durante el conflicto armado en Colombia se han presentado casos terriblemente injustos que han afectado a la población civil. Entre estos se encuentra la compra masiva de tierras donde, a partir de la difícil situación política y social del territorio, empresas con un interés económico empezaron a comprar tierras a precios irrisorios.  

Esto demuestra no solo una violencia económica contra una población vulnerable, sino que también refleja otro de los problemas sustanciales de la tierra que no solo se presenta en zonas afectadas por el conflicto sino en otros lugares. Dicho problema es la incertidumbre del valor real de las tierras que a su vez es una de las causas de desigualdad. 

Para entender la importancia de la tierra como factor de equidad social es necesario recordar que sobre el valor de la propiedad inmueble se cobra el impuesto predial. A partir de la ley 44 de 1990, se unificaron varios impuestos en Colombia derivando en el famoso impuesto predial unificado, un tributo del orden municipal que se propone ser progresivo y fuente de ingresos directa para los municipios. Para determinar la tarifa de este, la ley estableció criterios como: el estrato socioeconómico, el uso del suelo en el sector urbano, la antigüedad de la formación o actualización del catastro, el rango de área y el Avalúo Catastral. 

Ahora bien, este último es el ejercicio técnico y matemático que permite obtener el valor de una propiedad, con el fin de que sea incluida dentro del inventario predial municipal y que sirva como base para la liquidación de los impuestos municipales, y otras actividades relacionadas. Este avalúo lo puede realizar el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), de oficio o a petición de parte. También los gestores catastrales, que son entidades públicas habilitadas por el IGAC, pueden adelantar la gestión catastral.​ Estos pueden prestar el servicio en cualquier parte del territorio nacional sin independientemente su jurisdicción. Por otro lado, para que el avalúo sea efectivo como fuente de tributación tiene que estar actualizado, es decir, que se compile toda la información geográfica, física y económica real del inmueble para así calcular el impuesto de manera apropiada y se cobre más a aquellos que tengan predios de mayor valor. 

El problema radica en que Colombia no tiene un catastro actualizado. No sabemos el valor ni los datos reales de la tierra que tenemos y, a pesar de que el gobierno actual se propuso ambiciosamente que para 2026 se tendría actualizado el 70% del territorio nacional, esta meta está muy lejos de cumplirse. 

Según datos del Departamento Nacional de Planeación, la actualización catastral avanza con rezago dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, ya que el país, a 31 de Julio del 2025, ha logrado actualizar apenas el 38,6% de su área geográfica. Esto se debe a que existe un desfase entre los procesos en ejecución y los resultados efectivamente consolidados. Por otro lado, la actualización ha dependido básicamente del IGAC, ya que los gestores catastrales han prestado un papel secundario. 

El rezago catastral tiene varias causas importantes como la debilidad institucional, la constante alteración del territorio y el incentivo negativo consistente en el temor que tiene el contribuyente al inusitado aumento de su carga tributaria al reflejar el valor real de su terreno. 

Frente a la debilidad institucional preocupa que a una entidad de la importancia del IGAC se le hayan reducido los recursos. Según el Decreto 1621 del 30 de diciembre de 2024, para la vigencia 2025 el presupuesto de la entidad paso de $719.541 millones a $958.448 millones por recursos de funcionamiento e inversión. Al margen de los problemas fiscales actuales, el IGAC siempre ha sido una entidad institucionalmente débil por falta de recursos. Por otro lado, la figura del gestor catastral no ha sido fuerte debido a que no se han habilitado los suficientes para ejecutar la tarea. Para el 11 de febrero de 2025 solo había 40 gestores catastrales habilitados para todo el territorio nacional, por lo que aún hay una continua dependencia con el IGAC. Hay una debilidad institucional al poseer una marcada dependencia a una entidad débil y que por los resultados ya mostrados ha sido ineficiente.

Asimismo, no se han implementado políticas públicas que resuelvan el incentivo negativo del contribuyente. A pesar de contar con la ley 1995 de 2019, que se propuso limitar el aumento desproporcionado del impuesto, esta no ha sido suficiente para resolver el problema. Ya ha habido iniciativas legislativas como el proyecto N° 616 del 2025 Cámara o el N° 292 de 2023 Cámara, del Gobierno Nacional, que establecían un mayor desarrollo frente a los limites graduales del Impuesto Predial Unificado para aquellos que actualizarán el catastro. No obstante, estas iniciativas no han tenido movimiento en el Congreso al punto de archivarse. Además, se necesita que el Estado tenga mayor presencia en el campo de manera que las normas sean efectivas, de lo contrario nos quedamos con un montón de leyes inútiles en la práctica. 

Como consecuencia de esta falta de acción se presentan problemas para los municipios como un menor recaudo y una planificación urbana ineficiente. A falta de datos precisos y actualizados, las autoridades no toman decisiones informadas sobre el desarrollo urbano, la infraestructura y los servicios públicos, lo que afecta su calidad y sostenibilidad. Lo anterior, además, incide directamente en los índices de superación de la pobreza y desigualdad. 

En conclusión, se requiere el fortalecimiento institucional del IGAC y de los gestores catastrales junto a un mayor desarrollo legislativo con respecto al incentivo negativo del contribuyente. Esta es una problemática que sin importar el gobierno que este al mando es necesario resolverla por los efectos adversos sobre los municipios. Por otro lado, se evidencia una normativa que no combate contra la desigualdad económica, sino que permite que crezca e impida el desarrollo horizontal de la sociedad.