Tensiones diplomáticas sacuden el comercio en América latina

Las recientes medidas proteccionistas de Estados Unidos, con gravámenes a México y Brasil, provocaron un giro en la política internacional; sin embargo, los países latinoamericanos no se dejan doblegar. 

Aquella elección del presidente Donald J. Trump, el 5 de noviembre de 2024, fue el anuncio de un cambio sin precedentes en la política global. Aquel día, en el que todos estuvimos pendientes del resultado de una elección que impactaría en el continente sudamericano por todas sus implicaciones sociales, comerciales y políticas, significó una nueva visión del rumbo de las relaciones internacionales entre los países del sur global y el gigante americano. 

Su retorno a la Casa Blanca trajo consigo una serie de reformas con el objetivo pleno de hacer cumplir su eslogan de campaña “Make America Great Again”, a sabiendas de lo influyente y dependiente que es Estados Unidos para los demás países. Sin ningún tipo de titubeo ni templanza, el 2 de abril de 2025 —día que, con un poco del cinismo que le caracteriza, llamó “el día de la liberación”— Donald Trump anunció un arancel universal del 10 % sobre todas las importaciones, aunque a algunos países seleccionados se les impuso un porcentaje con un margen superior. 

Después de varios meses de discusión en el ámbito geopolítico, y finalizando un período de 90 días en el cual se buscaba llegar a un acuerdo antes de empezar a regir los aranceles de manera definitiva, estos se oficializaron el pasado 8 de agosto. 

Un claro ejemplo es el aumento del 50 % de aranceles a Brasil, justificado por Trump con una supuesta persecución judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro por parte del gobierno brasileño, acusando de paso a este último de “caza de brujas” por la acusación que lo envuelve en un supuesto golpe de Estado fallido. Esto es una clara evidencia de una injerencia indirecta en asuntos internos de un Estado ajeno, violando tratados internacionales como los artículos 19 y 20 de la Carta de la OEA, que prohíben utilizar medidas coercitivas que afectan la libertad de decisión al imponer un costo económico por ejercer una función soberana, como es la administración de justicia. El propósito sería forzar una interrupción del juicio; se podría argumentar, desde otro punto de vista, que se están violando derechos fundamentales del exmandatario y que por tal razón se justifica la intervención. Sin embargo, esta afirmación no coincide con el proceso que se está llevando a cabo por parte de la justicia brasileña, ya que, como cualquier otro ciudadano, Bolsonaro tiene la oportunidad de defenderse en juicio, siendo oído públicamente y con las debidas garantías para la construcción de su defensa. 

Otro ejemplo es el caso de México, que, por razones diferentes, pero con el mismo nivel de coerción sobre sus “aliados” —y más aún considerando que México tiene a Estados Unidos como principal socio comercial, exportando alrededor de 46.000 millones de dólares—, recibió un anuncio de aranceles del 25 %. Trump argumentó, en una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la medida era consecuencia del fracaso mexicano en frenar la distribución de fentanilo, causada por la falta de compromiso del Estado para detener a los cárteles de la droga, acusando además al gobierno mexicano de vínculos con estos grupos criminales. 

Sin embargo, ambos presidentes acordaron establecer una mesa de diálogo para buscar alternativas frente a los altos aranceles, lo que dio lugar a la suspensión de su entrada en vigor. No obstante, se mantuvieron las tarifas previamente anunciadas para el sector automotriz. Más allá del problema de la criminalidad en México que Estados Unidos exige solucionar, cabe señalar que este último país también tiene cierta cuota de responsabilidad: en palabras de la presidenta mexicana, “las armerías de Estados Unidos venden armas de uso exclusivo del ejército a estos grupos criminales”. Esta respuesta deja claro que el problema es más complejo de lo que parece y que Washington no está exento de culpa frente a lo que alega. 

Evidentemente, esta afectación generó indignación por parte de los gobiernos, evidenciando un claro retroceso de décadas de globalización, en las que se ha sostenido una integración productiva, acuerdos comerciales y cadenas de suministro que cruzan las fronteras de estos países todos los días. Esto solo generaría daño a los ciudadanos y a las empresas, provocado por la subida de precios que tendrían que enfrentar tanto México como Estados Unidos. La decisión no beneficia a ningún país; en cambio, perjudica a ambas economías, como se reflejó en las fuertes caídas del dólar y de las bolsas del mundo a causa de estas medidas. 

Más que beneficiar a Estados Unidos, esta guerra comercial ha permitido que China, su principal competidor, aproveche la situación. Esto ha provocado que Latinoamérica se acerque más a China, que en estos momentos parece ofrecer mayor estabilidad comercial a través de alianzas que buscan contrarrestar las políticas de Trump. 

Muchos de nosotros, como latinoamericanos, éramos conscientes del impacto que iba a recibir nuestro continente con la implementación de estas políticas, bajo la premisa de un líder con ínfulas de “único salvador” de Estados Unidos. Aplicando medidas arancelarias con los objetivos de fortalecer su industria nacional y proteger la seguridad nacional, este revuelo parece más bien una negociación agresiva con el propósito de subyugar a todo país que no se alinee a sus intereses y que represente una amenaza al poder estadounidense.