Las mal llamadas terapias de conversión: El precio de “curar” lo que no está enfermo

Las llamadas terapias de conversión sexual, lejos de ser un acompañamiento, son un disfraz de tortura que vulnera derechos fundamentales. El reciente debate en el Congreso busca acabar con estas prácticas porque entre la libertad de culto y la dignidad humana, el derecho debe elegir proteger la vida. 

El pasado 2 de abril del presente año se llevó a cabo en la Cámara de Representantes el primer debate del proyecto de ley que busca prohibir las terapias de reorientación sexual, comúnmente llamadas terapias de conversión sexual. La iniciativa, presentada bajo el lema “Quiérele siempre, porque no hay nada que curar”, no solo busca la sanción de estas prácticas, sino que también promueve la no discriminación ni la estigmatización por identidad u orientación sexual en el país. Además, se busca desmentir la falsa idea de que las personas pueden ser “curadas” mediante mecanismos religiosos o psicológicos. Es la tercera vez que se propone este proyecto de ley en Colombia, pero hasta ahora se ha aprobado por primera vez en la Cámara de Representantes.  

Pero ¿qué son las terapias de conversión? Según la ONU, estas terapias tienen por finalidad cambiar la orientación sexual de una persona o su identidad de género. “Los métodos de las terapias de conversión se basan en la creencia de que las personas de orientación sexual e identidad de género diversa son de alguna manera inferiores moral, espiritual o físicamente, debido a su orientación o identidad, y que se ha de modificar esa orientación o identidad para solucionar esa inferioridad”, declaró Madrigal-Borloz para la misma organización (2020). 

Además, señaló que dentro de estas “terapias” se han encontrado signos de abusos físicos, psicológicos y sexuales, como la electrocución, la medicación forzada, el aislamiento, el confinamiento, las injurias y la humillación. Son ejemplos de métodos aplicados para tratar de obtener la conversión; su principal propósito es someter a una persona a una serie de pruebas que le produzcan una sensación negativa al pensar en su orientación o identidad sexual. 

En esencia, el problema radica en que estas prácticas no cuentan con respaldo científico, se basan en prejuicios y pueden causar graves daños emocionales, físicos y sociales a quienes las reciben. Por ello, son consideradas formas de maltrato e, incluso, de tortura.

Existen diferentes puntos de vista respecto a las llamadas “terapias”: muchas personas las defienden bajo el argumento de la libertad de culto y de expresión; alegan que las leyes y la homosexualidad atentan contra las buenas costumbres y que la iglesia no debería ser limitada. Por otro lado, quienes abogan por su prohibición y penalización sostienen que “terapia” es solo un eufemismo para disfrazar un mecanismo de tortura y homofobia. 

Además, el debate se centra en cuestiones clave: la protección de menores y personas vulnerables, la validez del consentimiento y el deber del Estado de impedir prácticas que causan daño. Mientras unos reclaman regulación y respeto a la libertad religiosa, otros exigen prohibición total y sanciones, al considerar que el riesgo y las secuelas psicosociales superan cualquier argumento de autonomía. 

Como sociedad, es hora de tomar conciencia y entender que la libertad de expresión no es un derecho absoluto; está limitada cuando se utiliza para justificar la violación de los derechos de otra persona. La religión, cuyos aportes son valiosos para la comunidad, tampoco puede ser tergiversada ni usada por extremistas como excusa para torturar a alguien. 

La manifestación de voluntad tampoco debe emplearse como argumento a favor, porque la mayoría de las personas sometidas a estos procedimientos se encuentran en situación de vulnerabilidad; con frecuencia quienes ejercen estas “terapias” manipulan a quienes acuden a las iglesias. Además, existen casos aún más graves en los que las propias familias obligan a las víctimas a someterse: por miedo a posibles repercusiones, otorgaron un consentimiento viciado, lo que constituye una conducta ilícita. 

La tortura, figura prohibida hace muchos años, sería un retroceso todavía más profundo que el meramente generacional si seguimos legitimando una forma de violencia como lo son las mal llamadas “terapias” de conversión sexual. El derecho, en este caso, debe ser utilizado como mecanismo de protección para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

En mi opinión, prohibir estas “terapias” de forma parcial es dejar una ventana abierta para que la tortura se disfrace de ayuda. Entre la libertad de expresión, la libertad de culto y la manifestación de voluntad —postulados esenciales de nuestro Estado— no debe existir posibilidad alguna de atentar contra la libertad o la integridad de una persona. 

Nuestro Congreso debe unirse para proteger a la comunidad LGBTQ+ y acercarse aún más a erradicar por completo las formas de tortura que siguen permitidas en el país. Al final, solo nos queda esperar el segundo debate y un resultado óptimo. 

La verdadera conversión que necesitamos como sociedad es hacia el respeto y la dignidad. Nadie debería ser torturado por su forma de amar o por ser quien es.