La guerra de Petro contra el desarrollo del país tiene nueva comandante

El nombramiento de Irene Vélez en la ANLA refuerza la estrategia de Petro para frenar sectores clave del país. Su historial genera temores sobre el uso político de la entidad.

En los últimos días ha rondado por los principales medios del país la inminente llegada de Irene Vélez a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Es por eso por lo que he decidido, desde estas páginas de Foro Javeriano, exponer de forma detallada los peligros que esta decisión del Presidente de la República trae para el desarrollo del país.  

La ANLA fue creada por el Decreto 3573 de 2011 en el cual se le otorgó, entre otras funciones, la facultad sancionatoria y el poder de expedir licencias ambientales para una lista de proyectos descritos en la norma que, si quisiéramos buscar un criterio unificador entre ellos sería: aquellos proyectos que generan una posible afectación ambiental y que son de tal envergadura o importancia que son de alto interés para la nación colombiana.  

El Gobierno de Gustavo Petro ha ejecutado una estrategia detallada basada en la aniquilación de la industria petrolera, minera y de energía. Petro ha utilizado todos los instrumentos disponibles desde el Gobierno Nacional para incomodar y torpedear el desarrollo de esta industria. Desde la toma hostil de la junta directiva de Ecopetrol, el intento de prohibición de las deducciones a las regalías (tumbado por la Corte Constitucional), la suspensión de exploraciones petroleras al inicio de su Gobierno, las inspecciones hechas a las empresas de gas por parte de su alfil Cielo Rusinque desde SIC, el no pago de la opción tarifaria a EPM y ahora, el nombramiento de Irene Vélez, la ex ministra de Minas que salió en medio de escándalos, investigaciones disciplinarias e impopularidad en el órgano más importante para las licencias ambientales.  

Vélez se desempeñaba como cónsul en el Reino Unido hasta hace unos días. Alejada de la coyuntura y el día a día nacional mientras las mareas bajaban para ella. Medios han informado que tal vez era cuestión de días para que fuera retirada de su cargo de cónsul por parte de la Procuraduría General de la Nación. Ahora vuelve al país a terminar de ejecutar un plan que comenzó desde el 2022 desde Ministerio de Minas y Energías. Es tal vez una de las jugadoras más leales al presidente y está, sin duda, más ideologizada que él. Ahora, Petro le ha dado el premio gordo: decidir sobre las licencias ambientales del país y ejercer facultades sancionatorias. 

Sin embargo, no se puede ver el nombramiento de Irene Vélez en la ANLA como algo que afectaría únicamente al sector minero-energético. Si bien han quedado rencores entre ella y el sector, su nombramiento genera temor en todos los sectores. Las licencias ambientales se requieren prácticamente para cualquier proyecto de desarrollo del país: el tratamiento de aguas residuales, construcción y operación de hidroeléctricas, obras públicas, tendido de líneas de transmisión, proyectos de red vial, distritos de riego a gran escala, entre tantos otros. Si hiciéramos la lista completa de todas las actividades que requieren de una licencia de la ANLA para existir, y que están sometidos a su supervisión durante su ejecución encontraríamos que no hay sector que salga bien librado. Por supuesto, esto tiene una razón de ser, y tiene todo el sentido que una autoridad administrativa vele por el cumplimiento de las normas ambientales. Lo peligroso de esto es dejar semejante poder en manos de una activista que ha dejado claro su imposibilidad de separar los intereses y convicciones propias de lo que mejor beneficia al país.  

Este Gobierno ha demostrado la ambición y experticia para utilizar el poder en contra de los contradictores, del sector privado, de los alcaldes locales. No quiero pensar que pueda pasar con Hidroituango, con las grandes obras de infraestructura del país o con las obras de Bogotá como el Metro en manos de Irene Vélez. Cada día son más los enfrentamientos de Petro con los mandatarios locales, los gremios y con las obras en ejecución de otros gobiernos. Cada vez son más frecuentes las persecuciones por parte de las entidades a los enemigos políticos. Las autoridades administrativas no se pueden convertir en una policía política contra todo lo que no esté de acuerdo con lo que opine el señor presidente. No creo que este articulo sea injusto con Irene Vélez pues no creo que antes de ejercer el poder desde la ANLA no podamos tener claro su talante luego de su desastroso paso por el Ministerio de Minas.