Inteligencia Artificial y Derecho en Colombia: algunas reflexiones

La Inteligencia Artificial (IA) ha evidenciado ser una colaboradora en la innovación del ejercicio del derecho. Una de sus mayores ventajas es la optimización de tareas recurrentes, la evaluación de contratos e informes legales y el acceso expedito a información legal. La IA aligera el acceso a información jurídica, conllevando a análisis prontos de jurisprudencia y normativas, optimizando la exégesis jurídica y disminuyendo errores. Adicionalmente, agiliza los trámites judiciales y administrativos, impulsando la debida adjudicación de derechos y la diligencia de expedientes. 

Esto posibilita que los abogados inviertan más tiempo en directrices estratégicas y de mayor valor agregado. Sin embargo, se considera que la IA no podrá sustituir totalmente a los abogados humanos, pues para la práctica legal se necesitan habilidades humanas singulares como el pensamiento crítico y la empatía, trascendiendo la pura interpretación exegética de normas. 

En este sentido, el artículo de Steve Lohr, publicado en The New York Times (2017), sostiene que la IA será una herramienta de apoyo para los abogados, pero nunca los sustituirá. Aunque es muy útil para organizar documentos y buscar precedentes, carece de la creatividad y el juicio humano necesarios para tomar decisiones en derecho y resolver asuntos legales complejos. 

Por ejemplo, al considerar pruebas judiciales, la empleabilidad de las reglas de la sana crítica (Art. 176 CGP), que requieren de razonamiento, sentido común, experiencia e imparcialidad, evidencia que la IA pese a que puede recolectar información, carece de la capacidad con la que cuenta un ser humano para interpretar y analizar particularidades y contextos elementales en un caso concreto. 

Así mismo, conforme establece el artículo 4to de la Constitución Política de Colombia, la aplicación de una norma particular del sistema jurídico requiere siempre de una interpretación constitucional, función que demanda de la capacidad humana para contextualizar las normas de inferior jerarquía en el marco constitucional, jurisprudencial o de otras normas, y en algunos casos requiere ponderar principios de igual jerarquía y hallar soluciones equilibradas en contextos fluctuantes.  

Otros desafíos que se considera tienen el uso de la IA por parte de los operadores jurídicos, son:   

Problemática con la protección de datos personales: 

Los sistemas de IA reúnen y desarrollan cantidades masivas de datos personales, suscitando angustias sobre privacidad, consentimiento y transparencia. Es menester fijar regulaciones para salvaguardar los datos de los participantes. ​​Por tal motivo, la protección de datos en plataformas de IA legales necesita de normativas rigurosas de resguardo, abarcando la aplicación de cifrado y anonimización de datos.  

Sesgos en el procesamiento de datos: 

La IA puede eternizar prejuicios si se prepara con datos sesgados, lo que perjudica la imparcialidad de las determinaciones jurídicas. Se aconseja mayor transparencia y observancia en el proceso y empleo sobre estos sistemas. Dicho esto, con el fin de evitar sesgos algorítmicos en la IA jurídica, se necesitan capacitaciones significativas, impidiendo la prolongación de disparidades en la justicia.  

Ahora bien, es importante aclarar que la Corte Constitucional en su Sentencia T-323/24, ya deslumbró algunos de los desafíos aquí planteados, y estableció unos “criterios orientadores en cuanto al uso de herramientas de IA como Chat GPT por parte de los despachos judiciales en el país”. 

Sin embargo, se considera que la mencionada sentencia no es aplicable a los funcionarios administrativos, quienes también son operadores jurídicos que en el ejercicio de sus funciones podrían hacer un uso indebido de la IA. 

Por tal motivo, se cree conveniente la construcción de una regulación legal de la IA, aplicable a todos los operadores jurídicos, que contenga límites claros sobre el uso de la misma. Tal regulación, debe tener en cuenta los desafíos mencionados, como son la confidencialidad de datos personales, la aplicación de la sana crítica en la valoración de las pruebas en procesos judiciales y administrativos, la interpretación sistemática del derecho y mecanismos que eviten la configuración de sesgos por el uso de la IA, sin perjuicio de otros retos que se observen en el proceso de regulación dentro del cual deben participar autoridades judiciales, administrativas, la academia y representantes de la sociedad civil. 

Adicionalmente, para obtener un uso ético y confiable de la IA en el derecho, se exige capacitación en IA para abogados y demás operadores jurídicos, desarrollando sus competencias en análisis de datos y tecnología para ajustarse a las modificaciones y beneficiarse de las posibilidades de la IA en la praxis jurídica.