El derecho al gasto: Apuntes del efecto distributivo en el desarrollo económico

El pasado 4 de abril, el Ministerio de Hacienda publicó el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para el año 2026, ¿la cifra? $521,2 billones de pesos. Con un presupuesto cada día mas enfocado en gastos de funcionamiento y deuda la brecha de inversión en las regiones se reduce a mínimos alarmantes. ¿Esto que implica?

En el umbral del nuevo ciclo fiscal, Colombia enfrenta uno de los mayores retos presupuestales de cara a la asignación de recursos para este 2026. Con esto, el anteproyecto del presupuesto general de la nación (PGN) ha demostrado las tensiones fiscales y políticas que atraviesa el país, al tiempo que se comienza a poner en tela de juicio la capacidad y criterio del gobierno nacional de cara a la distribución del gasto y la inversión para el último año del gobierno Petro. 

Con un presupuesto proyectado de 521,2 billones de pesos es necesario entender la tendencia estructural de distribución de este valor, cómo el componente de la inversión pública ha comenzado a perder fuerza frente al incremento de los gastos de funcionamiento del Estado y servicio de la deuda nacional. Con esto en mente, la propuesta preliminar, proyectada con base en datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) da lugar a dos dinámicas fiscales contrapuestas: 

Por un lado, 324,8 billones de pesos, equivalente a un 62% del presupuesto proyectado destinado exclusivamente al gasto de funcionamiento, es decir, al pago de salario a funcionarios públicos, insumos y compras corrientes de entidades públicas. Este elevado valor prestacional no solo ha configurado una disminución significativa a los recursos destinados a la inversión, sino que en sí mismos reflejan la debilidad y falta de claridad política en las reformas estructurales propuestas por el gobierno nacional de cara no solo a modernización del Estado, sino al control mismo de la nómina y la reducción de microgastos innecesarios para el desarrollo óptimo del gobierno. 

Por el otro lado, el cubrimiento de la deuda abarca un 27% del conjunto total presupuesta, situándose en un aproximado de 137,4 billones de pesos para el 2026, una cifra que si bien crece de forma paralela al escepticismo de los mercados internacionales por las coyunturas políticas entre las dos superpotencias comerciales (China y los Estados Unidos), la guerra en Ucrania, y una posible recesión del mercado europeo, se ha sumado la falta de una política clara de renegociación de la deuda externa. 

Varias son las razones que explican por qué el gobierno configuró su presupuesto con estas proporciones, aunque ninguna justifica en solitario un sesgo tan marcado y una falta tan clara de política de inversión y desarrollo. 

En un primer momento, con el déficit fiscal de 2024, el cual alcanzó el 6,8 % del PIB, sumado a la falta de una reforma tributaria aprobada en el Congreso hizo que el gobierno nacional se viera forzado a priorizar el pago de deuda sobre la inversión. Resulta cuestionable que ante la falta de voluntad política para gravar las rentas más altas o a la economía digital, se opte por recortes sociales antes que por redistribuir de manera más progresiva la carga impositiva. 

A esto debe sumarse la incertidumbre de los mercados internacionales con respecto a la economía colombiana. El alza en las tasas de interés internacionales no solo encarece el servicio de la deuda externa, sino que evidencia la dependencia de Colombia de financiamiento extranjero sin mecanismos de cobertura adecuados, esto sumado a factores como la desfinanciación de proyectos de desarrollo humanitario en Colombia tras la suspensión de envío de fondos del programa USAID del gobierno estadounidense dejan a Colombia en números rojos de cara al 2026. En últimas, en lugar de explorar instrumentos de reperfilamiento de la deuda o canjes por inversión en infraestructura, la propuesta presupuestal asume pasivamente la escalada de los pasivos, trasladando el costo a los programas sociales disminuyendo así toda posibilidad de desarrollo en materia de proyectos sociales y de desarrollo de la industria nacional. 

Programas de inclusión social, energías renovables, vivienda, justicia plena y trabajo digno experimentan ajustes que, aunque menores en magnitud, agravan la urgencia de atender desigualdades históricas y mejorar la calidad de vida en las regiones más rezagadas. Menos inversión por simple definición implica disminución en el desarrollo y terminación de obras públicas, menos oportunidades de crecimiento, así como un incremento en el riesgo de ampliación de las ya preocupantes brechas socioeconómicas en nuestro país.  

El elevado gasto de funcionamiento compite ahora por el mismo espacio fiscal, se ha generado una sensación de un gobierno que si bien de corte progresista y con un discurso de reforma total, continúa priorizando la supervivencia administrativa tradicional sobre la construcción de desarrollo socioeconómico en regiones del país con enormes posibilidades de crecimiento, riqueza y empleo. 

No podemos olvidarnos de la deuda, prioridad indiscutible de la nación. Destinar 137,4 billones al servicio de pasivos equivale a comprometer más de una cuarta parte del presupuesto nacional en la mera satisfacción de acreedores, situación que condiciona no solo la política macroeconómica colombiana, sino la autonomía de las instituciones al depender de la benevolencia de los organismos internacionales de crédito y por extensión de las consecuencias de no pago de dichos créditos.  

Este costo en últimas limita la flexibilidad ante golpes adversos, como eventuales crisis de precios de commodities o emergencias ambientales o de salud, y obliga al Estado a mantener un perfil conservador en sus decisiones de gasto. Si bien puede existir justificación al pago de la deuda, esta no debe ser la prioridad inmediata, precisamente la destinación de cuantiosos fondos de la nación a programas de desarrollo, inversión y creación de la riqueza buscan al mediano plazo, consolidarse para producir aquellos dineros que en años próximos, y de realizarse responsablemente tales inversiones, permitan el Estado ampliar su margen de cubrimiento de deuda sin que esto comprometa la financiación de programas de desarrollo, crecimiento y fomento de la industria y el agro colombiano. 

En este contexto, el debate sobre la descentralización y la reforma del Sistema General de Participaciones adquiere un tinte paradójico. La propuesta de elevar del 20 % al 46,5 % los recursos transferidos a municipios y departamentos pretende acercar las decisiones y los recursos al nivel local, pero podría dejar al gobierno nacional sin margen de maniobra. Resulta crítico cuestionar si los gobiernos departamentales y municipales cuentan verdaderamente con la capacidad técnica y administrativa para gestionar eficazmente los recursos adicionales, o si esta medida terminará reforzando cacicazgos regionales sin mejorar la prestación de servicios. 

Más allá de las cifras y el reparto, el PGN 2026 deja más dudas que respuestas. Quizá ha llegado el momento de repensar el concepto de “inversión” cuando de priorizar la liquidez inmediata del los mercados sobre la construcción de la base industrial, agrícola y financiera de la nación se refiere. 

¿En qué momento se convirtió el pago de intereses en un acto de “bienestar colectivo”?

 ¿Por qué la presión de los acreedores internacionales pesa más que la urgencia de alfabetizar a una generación o de dotar de agua potable a comunidades rurales? 

Para revertir la tendencia resulta indispensable repensar no solo el balance de rentas nacionales e impuestos, sino revisar la actual carga tributaria de tal forma que amplíe la base de contribuyentes y combata la evasión de manera contundente, en lugar de trasladar el costo a los sectores más vulnerables. Es el momento de proponer nuevos mecanismos de financiamiento innovadores, como bonos de impacto social o asociaciones público-privadas con cláusulas de retorno vinculado al desempeño, que permitan fondear infraestructura sin sacrificar la sostenibilidad de las finanzas públicas.  

Contrario a la creencia popular, la disparidad entre el peso de la deuda y la porción destinada a inversión no es un simple error contable, tanto como no es una maniobra estratégica de desarrollo, sino el efecto de decisiones político-estratégicas que, de no revisarse, dejan al país vulnerable ante futuros retos económicos, sociales y ambientales.  

Solo a través de un consenso amplio y crítico sobre la redistribución de recursos, la reformulación de la estructura impositiva y el fortalecimiento de la rendición de cuentas, Colombia podrá aspirar a un presupuesto que no solo salde deudas, sino que construya oportunidades reales para todos.