El gobierno nacional y las redes sociales

Durante este gobierno, se ha visto una gran actividad en redes sociales de muchos funcionarios, incluyendo al presidente y su gabinete, muchas veces pronunciándose sobre hechos nacionales e internacionales, dichos pronunciamientos no han pasado desapercibidos, debido a que, más allá de la polémica mediática de un tweet, se trata de pronunciamientos que han generado efectos en las relaciones diplomáticas de nuestro país con otros. No se debe olvidar que, en enero, el presidente Petro atacó directamente al presidente de Estados Unidos y casi generó una imposición de aranceles que pudo haber terminado con la economía de muchas empresas nacionales.  

La responsabilidad de los pronunciamientos por redes sociales debe ser, como lo concibe la Corte Constitucional, más diligente a medida que asciende el cargo, personalmente considero que parte de la dignidad del cargo que se ostenta implica la seriedad y responsabilidad al ejercerlo, declaraciones en redes sociales que resultan abusivas, ridículas -incluso ortográficamente aberrantes- le quitan la dignidad al cargo público, como dirían en Roma: ‘’la mujer del César no solo debe serlo sino demostrarlo’’.  

De igual manera, las redes sociales de los funcionarios públicos se han convertido en el historial de sus posiciones políticas, cosa que los ha ayudado como perjudicado al momento de acceder a su cargo.  

Recuerdo las críticas al periodista Daniel Mendoza (creador de la controversial serie matarife) cuando iba a ser nombrado embajador de Colombia en Tailandia, cuyos antiguos tweets salieron a la luz y generaron un escándalo mediático que perjudicó su acceso al cargo. Ocurrió esta misma situación con el exjefe de gabinete del presidente Petro, Alfredo Saade, cuyos antiguos tweets reflejaron sus intenciones de cerrar el Congreso, permitir la reelección, entre otras cosas. 

Otro tema controversial que involucró al gobierno nacional y las redes sociales son las famosas "bodegas", quienes resultan ser personas dedicadas a viralizar mensajes, desinformar y desprestigiar a opositores o personas adversas al gobierno. La controversia surge debido a que estas personas son financiadas por el gobierno y algunas pretenden desprestigiar a otros medios de comunicación, llamándolos incluso "medios prepagos".  

Además de dichas bodegas, los contratos a influencers autodenominados ‘’periodistas independientes’’, cosa que no es cierta, siendo que son contratistas directos del Estado por medio de la entidad RTVC , el problema no es solo contratar personas para vanagloriarse, sino que dichas personas sigan haciéndose ver como independientes, cuando son en realidad simples contratistas del Estado.  

Estos ‘’periodistas independientes’’ se dedican a sacar crónicas, tweets, videos, entre otros, generando polarización, atacando a la oposición, esto implica que, por medio de las arcas del Estado se están financiando campañas de desprestigio en contra de opositores al gobierno. Surge la pregunta, el presidente en sus redes sociales se queja y denuncia públicamente que los grandes medios de comunicación del país están al servicio de la ‘oligarquía’ y en contra del gobierno, incluso algunos de sus más cercanos colaboradores han llegado a afirmar que se deberían censurar y cerrar dichos medios. 

En ese orden de ideas, ¿la censura solo aplica para los medios de oposición? ¿Está mal criticar al gobierno, pero está bien atacar a la oposición? 

Para cerrar, quisiera citar al abogado Mauricio Gaona: ‘’la oposición es el precio que se paga por tener una democracia’’