¿Y si el fallo no nos gusta?

En América latina recientemente se ha popularizado la tentación de presentar a los jueces como enemigos políticos. Esta práctica no es nueva ni exclusiva de un sector ideológico. Distintos presidentes han recurrido a un discurso similar cuando los tribunales constitucionales ejercen control. El patrón se repite: cuando el juez dice no, se le acusa de obstaculizar o contrariar la voluntad popular. Cada día es más común que los titulares de los medios de comunicación den fé de las tenciones entre el poder ejecutivo y el poder judicial.   

Durante el 2022, en México, Andrés Manuel López Obrador, quien en ese entonces ostentaba la calidad de presidente, presentó al congreso una reforma electoral que implicaba, entre otros cambios, una transformación profunda del sistema electoral. La Suprema Corte de Justicia mexicana determinó la invalidez de la reforma por violaciones al trámite legislativo, a lo que AMLO respondió que el poder judicial “No tiene remedio” y que “está podrido, están actuando de manera facciosa”, acusando a la Corte de “obstaculizar la transformación del país” y de erigirse en un “supremo poder conservador” por revisar leyes aprobadas por el Congreso. 

Más abajo en el mapa, en el 2020, el presidente de El Salvador Nayib Bukele, calificó de “corruptos y vendidos” a los magistrados de la Sala de lo Constitucional tras conocerse una serie de fallos adversos a su gobierno. Mediante su cuenta en la red social X el mandatario afirmó que los jueces usan de excusa el “Estado de derecho” o “la separación de poderes” para mantener sus privilegios  

Por otro lado, en Colombia, hace unas semanas la Corte Constitucional decidió suspender los efectos del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, mientras se adelanta el control de constitucionalidad correspondiente. El mandatario, a través de su cuenta en la red social X, afirmó que la Corte busca favorecer a los “megarricos” y trasladar al pueblo el costo de la crisis fiscal. 

No se trata de un episodio aislado, sino de una estrategia que el presidente ha usado recurrentemente durante su mandato, ocurrió cuando el presidente convocó a manifestaciones afuera del Palacio de justicia para presionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia mientras deliberaban la elección de fiscal general en el 2024 y volvió a ocurrir cuando el Consejo de Estado impuso límites a sus famosas alocuciones a lo que el mandatario califico como censura. 

Sin lugar a duda, esta práctica consistente en deslegitimar a las cortes mediante argumentos políticos, y no jurídicos, representa una amenaza para la estabilidad democrática, pues la autoridad de las cortes no puede depender de la popularidad de sus decisiones, sino de la legitimidad constitucional que la respalda. La separación de poderes es la columna vertebral de nuestra constitución y se materializa en una garantía estructural diseñada para preservar el Estado de derecho. No es un mecanismo de bloqueo institucional ni una afrenta personal contra el ejecutivo o sus intereses, si no un límite esencial para evitar la concentración y abuso del poder. 

Sin embargo, esto no implica que como ciudadanos debamos renunciar a la crítica, ni aceptar sin cuestionamientos las decisiones de las altas cortes. Esta columna no pretende promover una sumisión absoluta, sino recordar que la función constitucional, de ejercer control, es indispensable para evitar el abuso del poder. Claramente cuestionar estas decisiones es legítimo, pero debe hacerse desde la lógica jurídica y no desde la emocionalidad política. Lo que debilita la democracia no es el desacuerdo, sino la deslegitimación arbitraria. 

Por lo tanto, si el fallo no nos gusta, el camino no es la deslegitimación emocional o la descalificación subjetiva, sino el uso de los mecanismos que prevé la ley y la Constitución para controvertirlo mediante argumentos jurídicos objetivos, serios y razonados.  

Como colombianos tenemos la responsabilidad colectiva de salvaguardar nuestra democracia y los principios constitucionales que la fundamentan, en especial la separación de poderes que constituye la mayor garantía de la permanencia en un Estado de derecho. Este principio nos recuerda que debemos imponer límites cuando el ejercicio del poder así lo requiera. Defender la función de control de constitucional del ejercicio del poder implica también proteger la independencia judicial sin caer en una sumisión absoluta.