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OPINIÓN

Rompimiento institucional

Por: Juan Martín Boyacá Acevedo

Eran aproximadamente las ocho de la mañana de una típica mañana bogotana, aunque no tan rutinaria para el Palacio de Justicia. Yo llegaba el 8 de febrero de 2024 al primer día de mi práctica jurídica en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y desconociendo la magnitud de lo que iba a acontecer ese día, el primer filtro de seguridad me negó la entrada al que podía ser el inicio de la realización de un sueño.  

Luego de intercambiar toda serie de argumentos, cedió la fuerza al servicio del derecho y entré en aquel impetuoso edificio. Después de perderme allí dentro –pues era la primera vez que ingresaba– pude por fin arribar al despacho que me recibiría por las próximas 7 horas. Lo que desconocía era que podían ser muchas más.  

Inicié con el trabajo que me fue asignado y al cabo de unas horas, empezó a retumbar en todos los rincones del Palacio de Justicia el bullicio de la movilización popular. Paralelo a este anuncio de la voluntad ciudadana, tuvo lugar el primer aviso campanero que anticiparía el cambio de tercio en el quehacer judicial, pues al tercero, se reuniría la Sala Plena a definir quién llevaría las riendas de la Fiscalía General de la Nación.  

Yo continué con mi trabajo mientras se acrecentaba el volumen de las arengas que, con palabras algo grotescas, presionaban desde las calles para que se tomara una decisión final por parte del cuerpo colegiado. Con el sótano a reventar de policías de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (antiguo ESMAD), los cientos de manifestantes arremetían contra las instalaciones del Palacio intentando ingresar forzosamente, circunstancia que acuarteló por completo la edificación y dejó a todos sus funcionarios encerrados hasta que se disolviera la asonada.  

Arriba en el despacho, esperábamos ansiosos la llegada del Magistrado que nos anticiparía la decisión, pues de ello dependía la situación de orden público en el sector. Llegó el momento esperado y ante la decisión tomada por la Sala Plena, el panorama se tornó más gris de lo que se pensaba, pues entre charla y chance –pero con la preocupación al 100– entraba un Magistrado auxiliar y nos decía “alístense para salir a las 10 de la noche”.  

Ante el aura de desolación que se vivía en el despacho, sale el Magistrado y afirma “no importa cuánto nos presionen, vamos a tomar una decisión en derecho”. Con ello, el despacho entero entendió que no importaba la hora en que nos tocara salir, porque de alguna u otra manera, se estaba haciendo justicia.  

De esta forma, la policía tuvo que sacarnos escoltados y casi que a escondidas del Palacio de Justicia. Si alguna vez pudiese percibirse un quebrantamiento institucional, creo que está suficientemente claro que sería el día en el que comencé mi práctica.  

Posiblemente desde la toma al Palacio de Justicia, y guardadas sus debidas proporciones, no tenía un Presidente de la Corte Suprema de Justicia que clamar al gobierno de turno, para que interviniera en la situación de orden público en las instalaciones del Palacio, pues estaban afectando directamente, no solo a Magistrados, sino a todos quienes se encontraban allí adentro.  

De esta manera, la reflexión que queda de fondo es que tenemos el deber como abogados de defender el derecho a toda costa, pero al mejor estilo de Couture, el día que encontremos que el derecho contraríe la justicia, debemos luchar por la justicia, pues es casi que un imperativo defender la institucionalidad integral y el correcto ejercicio de la democracia en el marco de la división tripartita del poder, so pena de un genuino rompimiento institucional.   

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