FORO JAVERIANO

El amanecer del 22 de enero auguraba ser como cualquier otro en el barrio Jardín (La Unión, Valle del Cauca). Sin embargo, los residentes no anticipaban los eventos macabros que sacudirían la tranquilidad de su comunidad. Diana Carolina Serna, una mujer de 38 años, se encontró cara a cara con el miedo y la desesperación al enfrentarse a su expareja, Hernando de Jesús Suárez. Armado con un machete, Suárez desencadenó una tragedia que dejó a la comunidad consternada y a una hija de 14 años sin madre. Informes de la Policía Nacional revelan que Suárez, lejos de ser un desconocido para las autoridades, ya había protagonizado actos violentos en el pasado, incluyendo episodios de violencia intrafamiliar y extorsión.

El caso de Diana, sin embargo, no es único. El fatídico destino de Valentina Trespalacios, una joven DJ colombiana, ha generado un intenso cuestionamiento sobre la efectividad de las leyes destinadas a prevenir la violencia de género en el país. Valentina, de 23 años, fue encontrada sin vida dentro de una maleta en el fondo de un contenedor de basura en Bogotá a comienzos del año pasado, desencadenando una serie de interrogantes sobre la seguridad y protección de las mujeres en nuestra sociedad. Los detalles del caso revelan una historia marcada por la tragedia y el misterio, que hasta la fecha en la que se escribió el presente artículo, sigue sin resolverse. Valentina, quien mantenía una relación con John Poulos, un ciudadano estadounidense, había iniciado una nueva etapa en su vida al compartir un hogar con él en la capital colombiana. Sin embargo, su futuro se vio truncado de manera abrupta cuando su cuerpo fue descubierto por un reciclador en condiciones que conmocionaron a la comunidad.

Y así como Valentina o Diana, el caso de la ex patinadora colombiana Luz Mery Tristán, campeona mundial en 1990, quien fue asesinada a comienzos del mes de agosto del año pasado en una zona rural al oeste de Cali, resalta como un trágico ejemplo de violencia de género. La información preliminar sugiere que el responsable de este acto atroz fue su pareja del momento, el empresario del sector automotor Andrés Gustavo Ricci García, quien fue detenido por la comunidad poco después de cometer el delito y entregado a las autoridades pertinentes. La Fiscalía General de la Nación considera este trágico suceso como un claro caso de feminicidio perpetrado por su pareja, Andrés Ricci.

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Las pruebas recopiladas hasta el momento, que incluyen audios, un arma de fuego, fotografías de la escena del crimen, así como testimonios que relatan episodios de celos y maltratos por parte de Ricci, apuntan hacia esta conclusión. Sin embargo, la defensa del empresario busca evitar que se le acuse de feminicidio, intentando llegar a un preacuerdo con la Fiscalía. La confesión de Ricci, en la que declara que la noche del fatal incidente Luz Mery estaba "fuera de sus cabales", ha sido recibida con escepticismo por parte de la familia de la patinadora. El empresario relata que llegó al apartamento en estado de embriaguez y bajo los efectos de sustancias psicoactivas. El agresor de Luz Mery alega que sus acciones fueron resultado de una discusión que terminó de forma trágica, pero la familia de la víctima denuncia que Ricci tiene un considerable poder y que no cuentan con protección alguna, lo que genera temor por su seguridad y por la posibilidad de que el crimen quede impune.

Asi como Diana Carolina, Valentina o Luz Mery, en Colombia, según el informe de la “Fundación Pares” se estima que en promedio al menos 1 mujer es víctima de feminicidio al día y apenas un 3,6% de los feminicidios ocurridos entra en fases de ejecución de penas. Estos casos son el reflejo de una realidad que deja en vilo a una nación entera y hace imprescindible el cuestionarse ¿Cuál es el impacto real de las leyes contra la violencia de género en Colombia, considerando las cifras alarmantes de feminicidios registradas en los últimos años y la persistente vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia machista?

Como punto de partida es menester hacer alusión al informe emitido por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, el cual establece a América Latina como una de las regiones propicias a un auge acelerado de feminicidios. Países como Honduras, República Dominicana, El Salvador y Uruguay son lideres en la lista y, aunque Colombia presenta una tasa relativamente baja en comparación con otros países, cada caso representa una tragedia individual y un llamado de atención para implementar medidas preventivas y de protección más efectivas. La variabilidad en los datos y las correcciones realizadas en los registros administrativos subrayan la importancia de mejorar los sistemas de registro y la transparencia en la recopilación de información sobre feminicidios.

El incremento alarmante de feminicidios ha generado un acalorado debate y ha impulsado la fortificación de los marcos normativos a nivel nacional e internacional en Colombia desde hace poco más de una década. En el ámbito internacional, el país se adhiere a la Convención de Belém do Pará, la cual establece mecanismos de protección y sanción para combatir la violencia contra las mujeres. A nivel nacional, se promulgó la Ley 1761 de 2015, o mejor conocida como Ley Rosa Elvira Cely, la cual tipifica el feminicidio como un delito. Esta ley contempla agravantes tales como: si el perpetrador es un servidor público, la víctima es menor de 18 años o mayor de 60, el crimen es perpetrado por varias personas, es precedido por una agresión sexual, o es cometido por la pareja o expareja de la víctima.

Es fundamental destacar que, gracias a estos marcos normativos, el feminicidio en Colombia es considerado hoy en día como un delito autónomo. En este contexto, se reconoce la vida de la mujer como un bien jurídico protegido por el derecho, lo que demuestra un importante avance en la política criminal del país. Estas medidas legales representan un compromiso significativo para erradicar la violencia de género y garantizar la seguridad y la dignidad de las mujeres en Colombia. No obstante, es imprescindible que estas leyes se apliquen de manera efectiva y que se fortalezcan los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio.
 

A pesar de los avances normativos en la lucha contra el feminicidio en Colombia, la falta de información detallada y precisa sobre los casos de violencia de género representa un obstáculo significativo para la efectividad de la normativa existente. La subnotificación de casos de feminicidio y la falta de datos desglosados dificultan la comprensión completa del alcance y la naturaleza del problema. Esta falta de información impide una respuesta adecuada por parte de las autoridades y limita la implementación de políticas y programas efectivos de prevención y protección. Además, las conductas misóginas arraigadas en la sociedad colombiana actúan como un contrapeso para el pleno cumplimiento de la normativa contra el feminicidio. Estas actitudes discriminatorias y patriarcales perpetúan la violencia de género y dificultan el acceso de las mujeres a la justicia y los servicios de apoyo. La cultura del machismo también puede influir en la subnotificación de casos de feminicidio, ya que las víctimas pueden enfrentar estigmatización, culpa y miedo al denunciar la violencia que sufren.

En consideración a la complejidad del fenómeno del feminicidio en Colombia, es crucial reconocer que, si bien estos actos violentos no pueden eliminarse por completo, es posible implementar estrategias efectivas para prevenirlos. En este sentido, una de las principales áreas de mejora reside en la unificación y sistematización de las fuentes de información relacionadas con la violencia de género. Actualmente, los esfuerzos de prevención y seguimiento están fragmentados entre diferentes entidades públicas, observatorios y organizaciones académicas, lo que dificulta una respuesta coordinada y eficiente ante esta problemática.

Asimismo, es indispensable reforzar las acciones preventivas desde una edad temprana, sensibilizando a niños, niñas y adolescentes sobre la importancia de identificar y prevenir la violencia de género en sus diferentes manifestaciones. Igualmente, es necesario establecer mecanismos de seguimiento y análisis de datos que permitan detectar y clasificar adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres, facilitando la identificación de situaciones de riesgo de feminicidio y la implementación de medidas preventivas y de protección. Otro aspecto fundamental radica en la orientación y capacitación del personal encargado de brindar atención y apoyo a las víctimas de violencia de género en todas las instancias públicas pertinentes. Es esencial que estos funcionarios estén plenamente capacitados y comprometidos con la salvaguarda del derecho a la vida de las mujeres, activando de manera eficiente los protocolos existentes para abordar los casos de violencia de género y proporcionar el apoyo necesario a las víctimas.

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Si bien el reconocimiento legal del feminicidio y la existencia de normativas específicas representan avances significativos en la lucha contra la violencia de género, es evidente que persisten desafíos importantes en su prevención y abordaje efectivo. Consolidar sistemas integrados de información, fortalecer las acciones preventivas y garantizar ambientes de apoyo y escucha para las víctimas son pasos cruciales para mitigar la incidencia de feminicidios y promover relaciones equitativas y libres de violencia en la sociedad colombiana.

La problemática del feminicidio en Colombia demanda acciones concretas y coordinadas que vayan más allá del marco normativo establecido. Si bien las leyes y convenciones internacionales brindan un respaldo legal importante, la efectividad de estas medidas depende en gran medida de la capacidad del Estado y la sociedad para implementarlas de manera integral y coherente. Es esencial consolidar sistemas de información unificados y completos que permitan una detección temprana de situaciones de riesgo y una respuesta rápida y eficaz por parte de las autoridades competentes. Asimismo, la prevención y sensibilización desde una edad temprana, junto con la capacitación del personal encargado de brindar atención y apoyo a las víctimas, son elementos clave para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Garantizar ambientes seguros y de apoyo para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia es fundamental para prevenir la comisión de actos feminicidas. Solo a través de un compromiso conjunto de la sociedad, el Estado y las instituciones pertinentes será posible avanzar hacia la erradicación de la violencia de género y la protección efectiva de los derechos fundamentales de las mujeres en Colombia.