ESPECIAL

2019-I

¿La violencia volvió para quedarse?

TRAS LA LUPA DE NARANJO

Óscar Naranjo ha sido testigo presencial del conflicto en Colombia, y ha participado también en la consolidación de la paz. En esta oportunidad analiza la difícil situación que atraviesa el país en materia de violencia y seguridad. 

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Por: Juan David Romero y Emilio Navarro

El exvicepresidente y general retirado Óscar Naranjo nació en la capital colombiana en 1956. Aunque no podía conocer desde un principio su destino, siempre tuvo la vocación de seguir los pasos de su padre, Francisco Naranjo, también general del ejército y director de la Policía.

Aunque resumir la extensa carrera de Naranjo es complicado, es pertinente explicar que como uniformado estuvo siempre al servicio del Estado y no al de un individuo con autoridad. El expresidente Andrés Pastrana depositó su confianza en Naranjo enviándolo como agregado a la Policía de Londres. Esa confianza de Pastrana en el entonces agregado perduró, pues años después, en el 2007, el entonces presidente Álvaro Uribe nombraría a Naranjo como director general de la Policía Nacional. Juan Manuel Santos, que como ministro de defensa trabajó con “El General”, no fue ajeno a su ya merecida fama, y siendo presidente de la República lo ascendió a general de cuatro estrellas, mérito único entre los de su profesión. 

Es por esto que en 2012, tras presentar su renuncia, el entonces presidente Santos lo nombró representante del gobierno en la mesa de negociación de La Habana con el grupo guerrillero de las FARC-EP. Ahí jugaría un rol de gran importancia, pues para ese entonces Naranjo era considerado una de las mayores figuras que había tenido la Policía Nacional.

Óscar Naranjo, una autoridad en el campo de defensa, y una de las imágenes principales de los acuerdos de paz, responde a una serie de preguntas sobre la cruda actualidad que vive el Estado colombiano. 

 

FORO JAVERIANO: Para empezar, nos gustaría saber ¿en qué momento y por qué toma usted la decisión de ser policía?

ÓSCAR NARANJO: Recibí una formación, tanto en mi casa como en el colegio Calasanz, donde estudié, que me convenció de que el servicio a los demás produce enormes satisfacciones personales, y por lo tanto decidí incorporarme a la Policía Nacional, que es una institución fundamentalmente inspirada en el respeto, y comprometida con asegurar a todos los ciudadanos sin distingos sus derechos y libertades.

 

F.J.: Teniendo en cuenta que usted se graduó como oficial en 1978, ¿cuál es el común denominador de todos los conflictos ante los cuales usted se ha enfrentado?

O.N.: La tragedia más grande que ha vivido nuestro país tiene que ver con miles de víctimas que perdieron su vida en décadas de conflicto armado. Puedo afirmar categóricamente que el desafío más grande que tenemos los colombianos es restaurar el valor de la vida como un valor supremo, superlativo y como han afirmado algunos líderes políticos, como un valor sagrado. Puedo afirmar por lo tanto que la muerte asociada al dolor de las víctimas es el común denominador que hemos heredado de tantos años de violencia que tenemos que superar.

 

F.J.: Usted lleva puesto el estandarte de haber sido uno de los representantes de Colombia en los diálogos de paz con las FARC desde el 2012. Teniendo en cuenta que parte de su carrera consistió en la lucha contra este grupo, ¿qué significó esa experiencia para usted?, ¿cómo fue sentarse a dialogar con personas contra las cuales usted combatió?

O.N.: Siempre entendí que cualquier política de seguridad no podía ser un fin en sí mismo, que trabajar por la seguridad lo que significa es construir condiciones para que quienes se han alzado en armas reconozcan la superioridad de un Estado legítimo y se reincorporen a la sociedad. Después de haber dirigido la Policía por cinco años, estimé el llamado que me hizo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Estaban dadas las condiciones políticas y fácticas para llevar a cabo una salida negociada a un conflicto que ya superaba cinco décadas.

 

F.J.: ¿En su concepción, al día de hoy debemos hablar de post-conflicto o post-acuerdo?

 

O.N.: Francamente el conflicto con las FARC terminó con un acuerdo de paz, lo cual no significa que de manera automática o mágica desaparecieran otras formas de violencia que lastiman a los colombianos. Pero lo que es un hecho es que miles de víctimas en las regiones más apartadas de Colombia sienten que su vida empezó a cambiar y que el acuerdo lo que significa es poner en marcha una tarea de reconstrucción, reconciliación, y de seguridad para quienes padecieron los embates de esa confrontación armada entre las guerrillas y el Estado.

 

F.J.: En una entrevista con Caracol Radio en mayo del año pasado, usted habla del acuerdo de paz con las FARC como un paciente fuera de cuidados intensivos, pues había sido capaz de superar obstáculos. Si hiciéramos la misma analogía, pero en este caso mirando la mesa de diálogo que se entabló con el ELN, ¿a qué clase de paciente nos estaríamos enfrentando?

O.N.: Por los hechos recientes, estamos frente a un paciente —en este caso el ELN— que ha actuado de manera irracional, bárbara y brutal contra la sociedad colombiana. Es por lo tanto un victimario que tiene la obligación imperativa de hacer un alto en el camino y reconocer que la inmensa mayoría de los colombianos rechazan el terrorismo y esperan de ellos un abandono definitivo de cualquier forma de violencia.

F.J.: Después del atentado que tuvo lugar en la Escuela de Policía General Santander y que se adjudicó el grupo guerrillero ELN, ¿cree usted que toda posibilidad de una negociación pacífica se echó por la borda?

O.N.: Francamente es inadmisible que el ELN despreciara con una respuesta terrorista el llamado de la sociedad, que después de ver que fue posible poner fin al conflicto con las FARC, no tolera acciones armadas, violentas y terroristas por fuera de la ley. Lo deseable, en mi opinión, es que a partir de una reflexión profunda de esa organización se recuperen las condiciones para iniciar un camino que asegure que dejarán las armas, se desmovilizarán y rendirán cuentas ante la justicia.

 

F.J.: ¿Qué opina usted frente a la solicitud de Iván Duque de desconocer el protocolo que se firmó entre el Estado colombiano y el grupo armado ELN con Cuba y Noruega como garantes?

 

O.N.: El señor presidente ha invocado sus razones y sus argumentos. Yo estimo que los temas de la paz son asuntos de Estado que van más allá de los gobiernos.

 

F.J.: En la entrevista con Caracol Radio usted expone como la tasa de homicidios en los últimos años ha descendido drásticamente, sin embargo, el número de líderes sociales asesinados sigue incrementando. ¿Cuál cree usted que es la causa de este fenómeno en la actualidad?

 

O.N.: Durante mis responsabilidades como vicepresidente, dije en reiteradas ocasiones al país que estábamos enfrentando la más grande contradicción en relación con la protección de la vida de los ciudadanos, pues de una parte caía la tasa de homicidios y por otra, de manera contradictoria, aumentaba la tasa de líderes asesinados. Mis reflexiones siguen siendo las mismas: es necesario incrementar el control territorial por parte del Estado. La protección de los líderes sociales no es solamente un asunto militar o policial. La necesidad de un pacto político nacional y desde las regiones, para que se abandone la violencia contra cualquier tipo de liderazgo, es una tarea pendiente que no se ha concretado.

 

F.J.: Para cerrar, ¿vamos a poder seguir contando con usted como defensor de la paz en la arena política?

 

O.N.: He dicho reiteradamente que no participaré de procesos electorales, pero repito que mi compromiso con la paz, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos es total. Ya en este caso desde un ámbito más académico, pero en todo caso conectado fundamentalmente a las comunidades que reclaman el acompañamiento para superar los desafíos que plantea esta nueva etapa sin conflicto armado con las FARC.

 

Preguntas al lector

 

Desde el día del atentado, y después de que el ELN se adjudicara el hecho en el que perdieron la vida veintidós héroes de la patria, el gobierno Duque se encuentra en una posición incómoda. Por un lado hay un sector del país que, aunque repudia el atentado, afirma que al haberse firmado los protocolos con el ELN se ha comprometido a Colombia como Estado, y que no seguir lo pactado con el ELN sentaría un “precedente peligroso” ante la comunidad internacional. Dicen que la política de la paz es una política de Estado que no debe cambiar entre gobiernos. Este precedente podría quitarle la legitimidad al estado colombiano para futuras negociaciones que quiera adelantar y que involucren a la comunidad internacional. 

A pesar de esto, y ante la gravedad y lo inhumano que fue el suceso, gran parte de la población pidió al gobierno que desconociera lo pactado entre el gobierno Santos y el ELN para así poder traer a la justicia a los responsables de estos actos. El hecho que hayan sido delitos de lesa humanidad legitima al gobierno para incumplir lo pactado y buscar responsables. 

 

Ante estas dos posiciones nos surgen dos preguntas: Ante la obligación que tiene el Estado de defender el ordenamiento jurídico y velar por los intereses de sus ciudadanos, ¿qué debe primar, la justicia para los responsables como para las víctimas, o la legitimidad del Estado colombiano ante la comunidad internacional? ¿Es un acto terrorista como el perpetrado por el ELN una justificación válida para desconocer lo pactado en Cuba? Dejamos estas preguntas abiertas al lector.