FORO JAVERIANO

Fuente: Pexels

Por: Juan José Osorio Quintero

La educación es un derecho fundamental y constituye uno de los pilares esenciales de las democracias modernas. Como tal, debe adaptarse continuamente a los cambios sociales, tecnológicos, culturales y económicos que caracterizan al siglo XXI. En Colombia, el sistema educativo enfrenta grandes desafíos derivados de un contexto sociopolítico complejo, de profundas desigualdades históricas y de un entorno global que exige competencias cada vez más especializadas y flexibles. Esta realidad evidencia la necesidad de una actualización profunda del sistema educativo, no solo para responder a las demandas del mercado laboral globalizado, sino también para cumplir con el compromiso del Estado colombiano en la protección y garantía de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Asimismo, este compromiso se extiende a los deberes internacionales del país en cuanto a la provisión de educación de calidad de acuerdo con los estándares promovidos por organismos como la UNESCO y la OCDE. 

Actualmente, el sistema educativo colombiano presenta brechas significativas en acceso, calidad e inclusión. Las mismas, se reflejan en la insuficiencia de cobertura en áreas rurales y en la calidad desigual entre instituciones públicas y privadas. A pesar de los esfuerzos que se han realizado para ampliar el acceso a la educación, persisten desafíos en la retención de estudiantes, especialmente en poblaciones vulnerables. Según un informe del Banco Mundial de 2022, el índice de abandono escolar en Colombia es uno de los más altos de la región, una clara señal de que el sistema educativo no está respondiendo de manera efectiva a las necesidades de los estudiantes; a falta de infraestructura en zonas rurales y el déficit en la capacitación continua de los docentes son dos obstáculos significativos que impiden el alcance de una educación de calidad en el país. Por otro lado, la carencia en el acceso a las tecnologías digitales en el currículo educativo se hizo aún más evidente con la pandemia de COVID-19, que subrayó la carencia de recursos tecnológicos y metodológicos en el sistema educativo colombiano o escándalos de corrupción como el caso Centros Poblados.  

Desde el ámbito jurídico, la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establecen los fundamentos normativos de la educación en Colombia. Sin embargo, la normativa actual no ha logrado mantenerse al ritmo de las demandas contemporáneas, creando vacíos en la práctica educativa y limitando la capacidad del Estado para cumplir con los principios constitucionales de educación de calidad y acceso universal. La actualización curricular es uno de los aspectos más urgentes en esta materia, pues el sistema educativo colombiano necesita incorporar competencias relacionadas con las tecnologías de la información, la innovación y emprendimiento, pensamiento crítico, competencias avanzadas en lenguas extranjeras y economía personal. Con seguridad, gran parte de los lectores que no se dediquen a campos tan específicos como las ciencias o las matemáticas no recordarán en particular las temáticas o procedimientos de sus clases de química, física o cálculo avanzado en su paso por las instituciones educativas secundarias, entonces, ¿deberá entenderse como tiempo perdido?, a todas luces no. Sin embargo, ese tiempo y esfuerzo podría ser destinado a la enseñanza de temáticas más afines y transversales a todos los oficios como las mencionadas en líneas precedentes.  

Otro aspecto fundamental en la actualización del sistema educativo es la implementación de modelos de educación inclusiva y diversificada. El sistema debe adaptarse para ser accesible a estudiantes con discapacidades y a aquellos provenientes de contextos socioculturales diversos. La educación inclusiva no solo es una responsabilidad ética, sino también una obligación derivada de los compromisos internacionales de Colombia, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2006) manifestándose en la adaptación de currículos, la capacitación de docentes y la mejora de la infraestructura educativa en todo el país. En igual sentido, la formación de profesores es un componente esencial para garantizar la calidad educativa, según estudios del Ministerio de Educación Nacional y la OCDE de 2021, los programas de formación docente en Colombia requieren actualizaciones significativas que aseguren que los educadores posean las competencias necesarias para enseñar en contextos diversos y digitalizados, para lo cual, el Estado debe establecer incentivos que promuevan la capacitación continua de los docentes y su desarrollo profesional. 

Así las cosas, la actualización del sistema educativo en Colombia es, en definitiva, una necesidad impostergable que responde tanto a los desafíos internos del país como a sus compromisos internacionales. Es esencial que el Estado, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, desarrolle políticas públicas robustas que garanticen una educación inclusiva, adaptable y orientada al futuro. Este proceso de transformación permitirá construir un sistema educativo que no solo satisfaga las demandas del mercado laboral globalizado, sino que también fomente el desarrollo integral y el bienestar de cada ciudadano colombiano.