FORO JAVERIANO

Fuente: Pexels

Por: Andrés Molina Castro 

El pasado 3 de febrero se cumplieron 20 años del atentado contra el Club El Nogal. Resulta repetitivo hablar de dicho suceso, se convirtió un hecho notorio dentro de la memoria de los bogotanos y los colombianos con un grado básico en historia. Sin embargo, no sobra recordar que el ataque contra el club social consistió en un carro bomba que explotó en el parqueadero de éste, dejando a 36 personas muertas y cerca de 200 heridas. No son números menores, sobre todo si se tiene de presente que eran civiles que poco o nada tenían que ver con el conflicto entre Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. 

Además del evidente daño material causado por la explosión de la bomba a las instalaciones del Club y sus alrededores, simultáneamente, las que hoy consideramos víctimas, fueron marcadas de forma permanente; de la misma manera en la que uno rompe un portarretrato que quedará fragmentado de por vida. 

Más que un recuento histórico, y con la venía de la metáfora anterior, se pretende reconstruir un retrato de lo que ha sucedido con los diversos fragmentos que nacieron de un mismo evento para tener una vista, a lo menos, borrosa. 

De acuerdo con lo dicho, vale recordar el contexto bajo es cual se desarrolló el evento en estudio. Rondaba el año 2003, el gobierno de Andrés Pastrana Arango había fallado en los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, después de la icónica y, a lo sumo, vergonzosa silla vacía. El país consideró, en ese entonces, como pertinente adoptar una postura opuesta, es decir una radical y ardua posición contra las guerrillas, la misma que encarnaba Álvaro Uribe Vélez. Y efectivamente así sucedió, con Uribe Vélez en la presidencia se desencadenó una confrontación frontal contra los grupos insurgentes. 

En otras palabras, el atentado contra el Club El Nogal sucedió en uno de los momentos más álgidos del conflicto armado colombiano. Por esa razón dicho ataque resulto ser, además de un intento de asesinar a funcionarios públicos del orden ejecutivo –como el ministro del Interior Fernando Londoño Hoyos y la ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez– que frecuentaban el club, un mensaje que resulto ser de los más simbólicos del conflicto.  

Las FARC había logrado de manera satisfactoria atacar una de las zonas más privilegiadas de Bogotá y, sin remordimiento alguno, tratar a los civiles inocentes como mandatarios para llevarle un mensaje al establishment colombiano: “vean lo frágil que pueden ser”. No es una advertencia menor, produce escalofríos entender la realidad colombiana de ese momento, más vivido resulta cuando se recuerda la instrumentalización de personas inocentes.    

Dejando de lado el aspecto bélico y la simbología del evento en estudio, debemos acercarnos al fragmento del portarretrato más significativo; las víctimas, que por siempre quedaron marcadas. Hay que hacer la advertencia de la multiplicidad de interacciones que han tenido las víctimas con la sociedad y las partes involucradas del evento en cuestión, es decir, la ex guerrilla de las FARC, el Estado colombiano y Corporación del Club El Nogal. Empero, aunque resulte interesante y completamente llamativo realizar el estudio de cada una de estas relaciones se tomará de presente las más crítica, siendo esta la que tienen como protagonistas al grupo insurgente.   

De manera preocupante en estos casos de responsabilidad, la sociedad se concentra en el agente dañador y no en las víctimas, entendiéndolas como añadidura del evento dañoso, pues en realidad se concentra en el daño y sus elementos esenciales. Cabe entonces preguntarse: ¿qué ha pasado con las víctimas? 

Para resolver el interrogante anteriormente presentado, se debe hacer un recuento básico de lo sucedido después del atentado. En ese entonces, no era un misterio para nadie que la autoría del atentado había sido la guerrilla de las FARC. Esto resultaba un hecho notorio para la sociedad colombiana, menos para el propio grupo insurgente. Así lo explicó Julián Gallo alias Carlos Antonio Lozada, hoy senador del Partido Comunes, quien alegó que él ni la Red Urbana Antonio Nariño que comandaban participó en el acto terrorista. Sin embargo, deja muchas dudas sus declaraciones, pues el hecho de no participar en el atentado no implica, de manera exclusiva, que tampoco supiera de su realización.   

A pesar de lo anterior, las FARC no quiso reconocer su protagonismo en el atentado hasta el 2016, cuando por pura coincidencia firmaron el Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional. Es decir, la extinta guerrilla se lavó las manos por 13 años sin ningún tipo de remordimiento con la sociedad colombiana y, sobre todo, con las víctimas del atentado.   

De esta forma, el suceso en estudio entró como el macro caso diez a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la finalidad para encontrar la verdad y realizar la debida reparación a las víctimas. Sin embargo, deja un mal indicio la falta de reconocimiento por más de una década por parte del victimario. Se pregunta: ¿qué tipo de reparación van a alcanzar las víctimas cuando existe dicho precedente? 

Tras 20 años de abandono por parte de la sociedad y su victimario, la líder de víctimas del atentado, Bertha Fríes, en entrevista con El Espectador aclara que el macro caso llevado ante la JEP tiene como objetivo encontrar la verdad que para las víctimas es: (i) el reconocimiento de responsabilidad de las FARC; (ii) el perdón por parte del grupo insurgente; y (iii) la justificación del atentado.  

Los objetivos planteados por las víctimas coindicen con el modelo de justicia restaurativa propuesto por la JEP. Precisamente, el interrogante más importante para las víctimas es el tercero, es decir, entender por qué las FARC realizaron el atentado a sabiendas de la posibilidad de afectar a cientos de civiles inocentes. Se pretende, en realidad, alcanzar un cierre íntegro con la pregunta ¿por qué a mí?    

De manera parcial, las FARC, ha respondido esta interrogante. De acuerdo con la señora Fríes, en el 2018 se realizó una reunión entre el grupo de víctimas del atentado y el extinto grupo guerrillero, en la cual se explicó que la razón o justificación del atentado fue, principalmente, un ataque contra los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que presuntamente se congregaban en el Club El Nogal. 

A pesar de esta explicación, que al tenor del escritor resulta insuficiente, el acto de guerra urbano de mayor impacto de las FARC no se puede justificar por la persecución e intento de homicidio del bando contrario. Como se mencionó anteriormente, las bajas civiles iban a ser inevitables, resultaba completamente previsible que esto sucediera y, precisamente por esta razón, el actuar de las FARC es aún más reprochable.  

La realidad es que no hay una justificación válida para este tipo de atentados, nunca lo habrá, pero resulta tarea del ex grupo insurgente asegurarse que las víctimas obtengan la verdad de lo sucedido el 3 de febrero de 2003. Por lo menos, les deben eso y, hasta que tal no ocurra, las víctimas seguirán siendo el fragmento más grande de este portarretrato.  

Más que conclusiones, este caso deja inquietudes respecto de la reacción de la sociedad colombiana frente a un evento de tal magnitud como el atentado al Club El Nogal. Se seguirá construyendo la verdad desde cada fragmento de este portarretrato, por su lado, demostrando la autodestrucción del humano en un contexto de un conflicto armado y, por el otro, el preocupante olvido de las víctimas por la sociedad y la desfachatez de su victimario.  

A día de hoy, el atentado contra el Club El Nogal es un capítulo inconcluso en la historia reciente de Colombia, esperando que se sane un herida, que a pesar del paso del tiempo, sigue estando abierta.