CONSTRUCTIVAS

LAS REVOCATORIAS ESTÁN

DE MODA

En lo corrido del año 2021, se han presentado 28 solicitudes de revocatoria contra alcaldes, ante la Registraduría y el Consejo Electoral.  

 

 

Fuente: Archivo personal

Por: Emilio Navarro y Daniel Stand

La revocatoria de mandato es un derecho político fundamental consagrado en la Constitución del 91 y desarrollado en diferentes leyes estatutarias. Consiste en la posibilidad que tienen los ciudadanos de dar por terminado el mandato de un gobernador o un alcalde. La revocatoria de mandato la pueden iniciar organizaciones sociales, partidos políticos o cualquier ciudadano, siempre y cuando hayan transcurrido al menos 12 meses desde la posesión del alcalde o gobernador y que no se encuentren en el último año de mandato. Luego de presentar la solicitud de revocatoria ante la Registraduría se tiene un plazo de 6 meses para la recolección de firmas la cual deberá alcanzar un umbral no menor al 30% de los votos obtenidos por el elegido. Una vez verificadas las firmas se convoca a votaciones y para que se produzca la revocatoria de mandato se requiere como mínimo, la mitad más uno de al menos el 40% de los votos válidos registrados el día en que se eligió al alcalde o al gobernador. Se convocarán a nuevas elecciones para elegir un nuevo mandatario si faltan más de 18 meses para finalizar el periodo, en caso contrario se designará un encargado respetando el partido político, grupo o coalición del alcalde o gobernador revocado.  

 

La revocatoria de mandato funge como una figura que cumple dos objetivos. Por un lado, es un instrumento de control político y desde otra perspectiva se consolida como un mecanismo de participación ciudadana. El fondo de esta interesante figura se cimienta sobre los postulados elementales de la democracia. A través de la revocatoria de mandato se fortalece el poder que existe en cabeza del ciudadano frente a sus representantes y les otorga un lugar importante en el escenario político que permite tomar un papel activo en un contexto diferente al del proceso electoral. Además, los Alcaldes y Gobernadores tienen un incentivo adicional en aras de cumplir a cabalidad sus funciones como miembros de la rama ejecutiva.

 

En varias ocasiones, alrededor de toda Colombia, se ha intentado realizar el proceso de revocatoria de mandato para alcaldes. En la mayoría de estos casos, estas iniciativas han fracasado. La primera y única revocatoria que ha llegado hasta el proceso de votación, que logró cumplir con el umbral necesario y con los votos a favor, fue en Tasco, Boyacá. Aquí, en el año 2018, el 97% de los votos escrutados estaban a favor de revocar el mandato para el alcalde de turno y, además, se cumplía con el umbral requerido de votantes en el municipio. 

 

Es increíble que, en casi 30 años de historia de este mecanismo político, ampliamente amparado por la Constitución, no haya sido realmente próspero. Cómo personas ajenas al contexto político, nos surgen las siguientes interrogantes: ¿Será este un mecanismo idóneo? ¿Está destinado a fracasar desde su nacimiento? 

 

La revocatoria de mandato, es sin duda alguna, un mecanismo que exacerba los sentimientos políticos de ambos bandos y que en muchos casos es utilizado cómo primera y principal medida contra los errores cometidos por un alcalde, sin tener en cuenta que, todas las alcaldías municipales o distritales en Colombia, están sometidas a la vigilancia y control por parte de diferentes entes y corporaciones. Estos ejercen, según su naturaleza, un tipo de control diferente, ya sea disciplinario, fiscal o político.  Dentro de estos entes y corporaciones podemos encontrar la Personería o el Concejo de la ciudad, que se encargan de vigilar constantemente la conducta del alcalde de turno y de todos sus servidores, y de vigilar la gestión del funcionario público. 

 

Actualmente, en Colombia, para lo corrido del año 2021, se han presentado 28 solicitudes de revocatoria contra alcaldes, ante la Registraduría y el Consejo Electoral.  Algunos movimientos se encuentran mucho más avanzados que otros y ya muy cerca de empezar la etapa de recolecta de firmas.  

 

Adicional a todo el tema burocrático y el procedimiento, que deberá cumplir un proceso de revocatoria, hay que tener en cuenta que así como cualquier otro proceso de elección, las revocatorias acarrean un gasto público, que en muchas ocasiones supera los miles de millones. ¿Vale la pena incurrir en un gasto tan grande, sabiendo que lo más posible es que fracase la iniciativa? 

 

Es complicado tomar una posición absoluta en este tema. Desde una posición económica y quizás más realista se puede tildar a la figura de revocatoria como un gasto innecesario pues la probabilidad de éxito juega en contra, y por mucho. No obstante, mirando el mecanismo desde una perspectiva política se puede ver su cara más noble que busca proteger y velar por los intereses del representado. Las cartas ya han sido jugadas, solo queda preguntarse: ¿Alguna de las 28 solicitudes, presentadas este año, logrará igualar la hazaña electoral realizada por los pobladores de Tasco?