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ACTUALIDAD

Un nuevo tipo de desigualdad 

EL VIRUS NO DISCRIMINA ENTRE NACIONALIDAD, FRONTERAS NI RELIGIÓN

Israel ha sido considerado como un ejemplo a seguir en términos de sus políticas de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, si nos adentramos en la misma podremos ver una gran brecha de desigualdad causada conscientemente por su Estado. 

Por:  Cristina Soto

Hoy en día, aparte de estar enfrentando el problema de salud pública más importante de este siglo, también estamos empezando a vivir otro problema que está creciendo exponencialmente y afectando distintos sectores de la sociedad. Este es la forma en como se están distribuyendo actualmente las vacunas alrededor del mundo. 

 

Se ha planteado por la OMS de forma preocupante que el mundo se encuentra en un fracaso moral catastrófico por la política de vacunación desigual contra el COVID-19. Esto se ve reflejado en la siguiente cifra: los países desarrollados de altos ingresos tienen aproximadamente el 16% de la población mundial. Sin embargo, estos países poseen el 60% de las vacunas que hasta hoy en día han salido al mercado. Un ejemplo que materializa lo anterior es Canadá, que por un sentido de auto conservación compró suficientes vacunas para vacunar a toda su población cinco veces. Este acaparamiento trae muchos problemas para las naciones de bajos recursos, ya que mientras que los países ricos salieron a comprar vacunas en exceso para su población, aproximadamente 70 países subdesarrollados no tendrán posibilidad de adquirir ni una sola vacuna en el 2021. 

 

¿Cuáles son los efectos de esta desigualdad? Uno de los más importantes, que resulta paradójico, es que si se sigue discriminando a ciertos países o poblaciones en cuanto a la vacunación, no importa la cantidad de países ricos que tengan a sus poblaciones vacunadas, el virus seguirá incrementando y propagándose por todo el mundo, aumentando el riesgo de que la vacuna ya aplicada en cierta población no cubra nuevas cepas derivadas de posibles mutaciones que han sido previstas por expertos de la salud, para lo cual estaríamos de vuelta al punto cero en cuanto a vacunación del virus. 

 

Un país que ha logrado reflejar este problema de desigualdad en cuanto a la vacunación ha sido Israel. Si bien por un lado ha sido reconocido como el país más eficiente del mundo frente a su política de vacunación, este mismo no ha incluido a los 5 millones de ciudadanos palestinos sometida a su ocupación en Cisjordania y en la Franja de Gaza. 

 

Ante esto, la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) recalcó que Israel no le ha garantizado a esta población la vacunación contra el virus en el futuro cercano. Esto evidentemente ha creado una diferenciación que moral y legalmente no debería estar sucediendo en esta crisis global. Según el artículo cuarto de la Convención de Ginebra, se exige que un poder ocupante, en este caso Israel, mantenga los servicios de salud en los territorios ocupados en su máximo alcance y aplique medidas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y epidemias. Sin embargo, ante esto, el Ministerio de Salud israelí ha sido enfático en resaltar que su obligación principal es con sus ciudadanos israelís ya que son los que pagan los impuestos. Resalta que no están legalmente obligados a vacunar a dicha población, ya que en los Acuerdos de Oslo firmados entre los israelís y palestinos en 1993 se estipuló claramente que la autoridad palestina sería responsable del cuidado de salud de su población, lo cual incluye claramente la vacunación.

 

Mientras tanto, las autoridades palestinas están a la espera de recibir vacunas para su población en Cisjordania y Franja de Gaza mediante COVAX, una organización que ha sido planteada como una solución para mitigar la desigualdad frente al acceso de vacunas en el mundo. Esta organización tiene como fin suministrar vacunas para el 20% de la población de los países subdesarrollados que han sido afectados por el COVID-19. Sin embargo, a pesar del fin altruista de la organización, ha habido innumerables problemas en cuanto a la distribución de las vacunas en estos países. 

 

Es hora de preguntarnos ¿hasta qué punto estamos hablando de un deber legal por parte del Estado israelí y hasta qué punto se convierte en un deber moral? Teniendo en cuenta que Israel es un poder ocupante, este tiene la obligación moral y humanitaria para que tanto israelíes como palestinos tengan acceso a la vacuna y se disminuya la propagación del virus. Este ejemplo del fracaso moral de la distribución de vacunas es evidentemente grave pues se están creando enormes brechas de desigualdad dentro de poblaciones que no tienen los recursos para sobrellevar el virus como el resto de países con recursos. Actualmente, se está a la espera de que países como Canadá o Nueva Zelanda que tienen vacunas de sobra comiencen a ejecutar una campaña de donación para los más vulnerables. Ante esta situación, considero pertinente destacar lo planteado por la representante Maire Newman, “el virus no discrimina entre nacionalidad, fronteras ni religión”. Sin embargo, estamos viendo como el hombre, basado en su posición de poder frente a otros, está tomando un rol activo en cuanto una discriminación injustificada, causando estragos que serán difíciles de superar. 

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