FORO JAVERIANO

El próximo 29 de octubre los ciudadanos colombianos tendrán una cita de suma importancia con el país para acudir a las urnas y elegir sus representantes en las diferentes entidades territoriales, pero ¿por qué es esto relevante para el país? 

 

Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Es democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. En el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y fomenta la prevalencia del interés general. 

 

Posiblemente alguna vez en su clase de ciencias sociales en el colegio pudo haber escuchado las primeras líneas del párrafo anterior. Si no le es familiar, estamos hablando del artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país. Pero ¿a qué hace exactamente referencia este artículo? Históricamente en Colombia el sufragio ha sido considerado como un derecho muy limitado a unos determinados sectores específicos de la sociedad, este ha tenido una serie de transformaciones para poder llegar a convertirse en el derecho fundamental al cual todos los ciudadanos colombianos pueden hoy acceder. 

 

El camino de Colombia hacia el sufragio universal se ha caracterizado por notables avances en la búsqueda de una participación democrática e inclusiva. A lo largo de su historia, el sistema electoral del país ha experimentado cambios que han permitido a un mayor número de ciudadanos participar en la toma de decisiones políticas. El primer hito en la historia del sufragio colombiano ocurrió en el siglo XIX. En 1853, durante el gobierno de José María Melo, se creó el sufragio censitario, que brindaba la posibilidad a un selecto grupo poblacional de votar: los varones que cumplieran determinados requisitos de propiedad y educación. Este tipo de sufragio restringido, sin embargo, no hacía mérito a la participación incluyente que supone las palabras “sufragio universal”. 

 

El verdadero punto de inflexión se produjo en 1936, bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Ese año se estableció el sufragio universal masculino, que permitía votar a todos los hombres mayores de 21 años sin importar su condición socioeconómica o educativa. Aunque esto supuso un gran paso adelante, aún quedaba mucho camino por recorrer para lograr una participación política verdaderamente igualitaria; puesto que todavía se excluía a un sector poblacional decisivo en asuntos políticos y cuya voz se encontraba acallada (las mujeres). 

 

En Colombia, la lucha por la igualdad de género y el sufragio femenino cobró fuerza en los tiempos en los que el país vivió bajo el velo de una dictadura. Las mujeres colombianas no obtuvieron el derecho al voto hasta 1954 en la Asamblea Nacional Constituyente, durante la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla. Esta victoria supuso un gran paso adelante hacia la inclusión y la igualdad en el proceso electoral, permitiendo a las mujeres participar plenamente en la toma de decisiones políticas del país. No obstante, no fue sino hasta el plebiscito del 1 de diciembre de 1957 que las mujeres pudieron ejercer por primera vez su derecho democrático. 

 

Entonces, es preciso señalar que la marcha en Colombia hacia el sufragio universal se ha distinguido por el aumento progresivo de la participación política, desde los inicios del sufragio censitario en el siglo XIX, pasando por la adquisición completa del sufragio masculino en 1936 y, posteriormente, el femenino en 1954, dando pasos considerables hacia la igualdad de derechos con relación al voto. En este punto, aún quedaría un vasto camino por recorrer en materia de política regional y autonomía de las entidades territoriales puesto que los principales mandatarios de los distintos departamentos eran elegidos principalmente por el Presidente de turno y no por los habitantes de los territorios. No fue sino hasta después de la expedición del Acto Legislativo 01 del 9 de enero de 1986, en el cual se ordenó que "todos los ciudadanos elijan directamente al presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros de Intendencias y Comisiones, Alcaldes y Concejales Municipales y de Distritos Especiales”, que se pudo celebrar el 13 de marzo de 1988 la primera elección popular de alcaldes en Colombia. En estos comicios, bajo la administración del Presidente Belisario Betancur y con Humberto de la Calle Lombana como Registrador Nacional del Estado Civil, se realizó la elección de alcaldes, con 11.700.000 colombianos habilitados para votar y un total de 1.009 alcaldes elegidos para un período de dos años. 

 

Como se señaló anteriormente, las autoridades locales eran designadas por el gobernador del departamento, que era nombrado por el Presidente de la República, antes de la elección popular de los alcaldes. La Constitución de 1991 amplió el mandato de los alcaldes a tres años y permitió que los gobernadores fueran elegidos por sufragio popular. Posteriormente, el Acto Legislativo 02 de 2002 otorgó a los alcaldes mandatos de cuatro años. Los primeros alcaldes fueron elegidos por cuatro años en octubre de 2003 y entraron en funciones el 1 de enero de 2004. En la actualidad, las elecciones locales se celebran cada cuatro años, el último domingo de octubre, y también se celebran periódicamente elecciones inusuales de alcaldes para cubrir las vacantes en sus cargos. 

 

En la evolución histórica del voto en Colombia, la Constitución de 1991 marcaría uno de los acontecimientos trascendentales en la historia contemporánea del sufragio en Colombia. Esta constitución estableció el sufragio universal como un derecho fundamental para todos los residentes colombianos mayores de 18 años, independientemente de su sexo, raza, nivel educativo o estatus socioeconómico, solidificando el concepto de democracia inclusiva al otorgar a todos los individuos el mismo peso a la hora de influir en el gobierno y la posibilidad de elegir y ser elegidos en sociedad. La Constitución de 1991 estableció el sufragio universal como un derecho fundamental para todos los colombianos, instituyendo un sistema electoral que aprecia y fomenta la diversidad y la inclusión en la toma de decisiones políticas. El compromiso de Colombia con el establecimiento de una sociedad más democrática y justa se refleja en los esfuerzos continuos, junto con la creación de espacios cada vez más pluralistas y participativos. 

 

A pesar de que se han logrado grandes cambios en materia electoral, Colombia se enfrenta a uno de los mayores desafíos: superar el abstencionismo. Aunque en las elecciones regionales pasadas poco más de veintidós millones de colombianos (de los treinta y seis millones y medio de votantes hábiles según el censo electoral) acudieron a las urnas. Sigue registrándose un alto número de ciudadanos que no acuden a cumplir con el llamado de la democracia; esto representa un problema de gran magnitud en regiones que carecen de herramientas políticas y requieren de figuras como los gobernadores y alcaldes que representen y externalicen las necesidades que se presentan a nivel interno hacia las diferentes entidades a nivel nacional. 

 

Tal es el caso del departamento del Caquetá, que desde que alcanzó su categoría como departamento (el 15 de diciembre de 1981) no ha contado con mayor suerte frente a sus representantes: dos gobernadores asesinados por la hoy extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y dos gobernadores que no lograron cumplir con su mandato debido a irregularidades con la justicia. Esto refleja un problema de representación puesto que los intereses de la comunidad se ven supeditados a la voluntad de un tercero que es designado por el presidente o en su defecto no se materializan a cabalidad debido a las elecciones atípicas que suelen darse en determinados casos para poder cumplir con el mandato. Hoy en día Caquetá tiene un problema de infraestructura vial, inequidad para acceder a servicios básicos como la educación, la vivienda, la salud, el orden público e inclusive una correcta seguridad alimentaria. En situaciones como las que se encuentra este departamento solo desestimula el ejercicio democrático debido a que los ciudadanos no solo pierden la esperanza en la construcción de una mejor región, sino que también temen a poder hacer uso de su derecho político y que conlleven posteriormente a una serie de repercusiones negativas y amenazas que atenten contra su integridad debido a la falta de garantías en los procesos electorales. 

 

Lo anterior demuestra la trascendencia que tienen los comicios regionales no solo para los departamentos sino para la nación en conjunto. Las elecciones son la oportunidad para poder evocar aquellas luchas que en algún momento tuvieron que realizar nuestros compatriotas para poder alcanzar los espacios a los cuales hoy podemos acceder libremente. Más que un derecho fundamental, debemos entender al sufragio universal como una obligación que tenemos todos los ciudadanos en conjunto; el compromiso social de poder construir en las urnas el futuro y el desarrollo de todo un país como guardianes de la democracia y el poder constituyente primario que recae en la soberanía del pueblo.  

 

La participación democrática no debe ser un tema del cual nos hagamos ajenos ni tampoco aquel que se reserve para los selectos grupos que durante décadas decidieron apoltronarse en el poder. Como un país democrático debemos hacer uso de las herramientas que el Estado nos otorga, no solo para nosotros sino para aquellos que por motivos ajenos a su voluntad son obligados a vivir relegados en el olvido.