FORO JAVERIANO

Cuando algunos de mis compañeros aquí en Colombia, y especialmente en la universidad, oyen de pasada alguna cháchara sobre el respeto a la ley, uno capta un brillo escéptico en sus ojos. Suena a sofistería de político. La memoria nacional les conduce a pensar en un estado débil, elitista, de promesas vacuas y acciones permanentemente dudosas. La patria boba es una estética cínica. Alguno tiene la voluntad de decir que la ley, pues, significa poco para el país: la libertad colombiana quizás no radique en una idea de ley –orden, gobernanza, Estado–, sino más bien en la espontaneidad de las masas o la disciplina de las armas. Sobre esto siempre he retenido algunas consideraciones. 

 

Aquellos cuerpos políticos inclinados al abuso, al exceso, al desborde o al descuido han encontrado escasa supervivencia en los corredores de la historia, su colapso suponiendo a menudo una resonancia sórdida en sus recovecos. El Estado pervive en tanto que dispensa gracia. No obstante, su imperar sí requiere de cimientos sólidos, para los que ordena quietud y silencio: su objeto de restricción es la vida misma, y concretamente su movimiento público, por lo que la tarea consiste en moderar aquello que siempre quiere más. Domar la vida significa enseñarle a ser otra cosa. 

 

Por ello mismo, hombre y ciudadano son categorías diferentes: el hombre es aquel sujeto primigeniamente vivo, alarmantemente preocupado por sus necesidades, vínculos y afectos; el ciudadano es el molde en el que se le inserta para posibilitar una vida pública y normativa. Y es crucial comprender que lo público y lo normativo son inseparables. 

 

Aquello público tiene que ver con la asociación constructiva, con un ser juntos; tal tendencia es esencialmente destructiva si no se ordena al colocar el lugar de cada uno. Uno no tiene realmente libertad –derecho– a algo si otro no tiene la ley –obligación– de respetárselo. Lo público nace con este compromiso. 

 

Aquello normativo tiene que ver con la presión al ser de alguna manera; positivado políticamente, es la ley que salvaguarda el derecho del uno mediante la obligación del otro, y por tanto una de la que no cualquiera debería poder evadirse. Si el origen de esta norma fuese puramente subjetivo, tal evasión sería asequible: el ciudadano sería, en sí y para sí, el juez, acusador y acusado allá donde fuese. La normatividad privada tiene esta blandura. Resulta más consistente la externa, aquella impartida por una otredad superior a cualquiera. Elevada a máxima escala, comporta la sociedad o el Estado. 

 

Todo lo público se sostiene, pues, mediante ley. Derecho y obligación, vida y limitación, van así de la mano. En el escudo de la República, inscribir libertad y orden como conceptos nacionales tuvo esta intuición; el espíritu liberal del XIX desembocó en estos emparejamientos. La ley es consecuentemente más que leyes concretas, escritas o no: es la piedra angular, matriz básica, de la vida pública ahora y siempre. 

 

Ulteriormente, la lucha de mis compañeros contra ciertos gobiernos y ciertas leyes es una por instituciones de comunidad, seguridad, derecho y bienvivir. Toma como fin la restauración, y no la repudia, de la ley en tanto que principio de libertad pública y del Estado como justo limitador –y así dispensador– de vida. No constata de esta forma un desentendimiento o despecho característicamente colombiano hacia la libertad en tanto que ley y orden, sino un histórico espectro nacional volcado en regenerarla; denota no la bobería anárquica del país, sino precisamente su convicción de quebrantarla. 

 

Puede parecer un mero ajuste de óptica; y lo es. También un simple enroque de palabras; y quizás. Pero al reformista nacional no le debe ser trivial cómo frasear su posición. Santander no descuidó el discurso al atribuir a las armas la independencia, pero solo a la ley la libertad.