FORO JAVERIANO

Hace unos días Karim A.A Khan, fiscal de La Corte Penal Internacional, escribió un artículo para ´Digital Front Lines´ titulado “La tecnología no excederá nuestra humanidad”. Esto para comunicar la nueva posición de su oficina de investigar crímenes cibernéticos, pues, como escribió, las formas en las que se cometen crímenes evolucionan constantemente, incluyendo actualmente a las redes sociales, el internet y la inteligencia artificial. Y es deber del derecho, y de la Corte, adaptarse a los nuevos panoramas del conflicto.  

 

Esto, enfatiza Khan, no implica una incorporación de un nuevo delito dentro de la lista de los crímenes de lesa humanidad, los cuales investiga y juzga la Corte, ni tampoco un llamado a la renegociación del Estatuto de Roma, sino simplemente una nueva interpretación a este, basada en el reconocimiento de que las herramientas digitales como medio de guerra pueden amplificar el daño de los ataques militares. En sus propias palabras: La guerra cibernética no se desarrolla en abstracto, sino que puede afectar profunda y materialmente la vida de la gente. 

 

Los ataques cibernéticos a centros de salud, por ejemplo, que buscan generar errores en los sistemas de información han generado decenas de muertos en conflictos recientes. Tanto así, que previo al artículo ya varios grupos habían pedido la regulación de los crímenes cibernéticos en el derecho penal internacional. Un grupo de investigadores en derechos humanos de la universidad de Berkley presentó un artículo comparando los efectos de los ciber ataques con aquellos de los ataques de guerra tradicionales. Y la empresa Microsoft ya venía trabajando con la Corte en este aspecto, presentando un informe sobre el conflicto Rusia-Ucrania. 

 

Gracias a esto, muchos periodistas e investigadores creen que el primer caso que se investigue sobre esto estará relacionado con Rusia, específicamente con el grupo de hackers llamado Sandworm, que vienen haciendo ataques cibernéticos en Ucrania por lo menos desde el 2015, concentrándose en plantas de energía, módems satelitales, bancos y entidades estatales, incluso teniendo repercusiones en otros países europeos. Este grupo ya cuenta con investigaciones judiciales en Ucrania, quienes podrían entregar la evidencia recolectada a la Corte para su propia investigación.   

 

Asimismo, otro punto del artículo de Khan, que ha llamado la atención de la comunidad internacional es que se refiere a la desinformación como problema separado. Dice Khan que la propagación intencional de desinformación se usa en aprovechamiento de la ambigüedad y de las zonas grises del derecho, inclusive en tiempos de paz, causando directamente la ocurrencia de crímenes, o al menos incrementando sus efectos.  

Para esto existe un precedente: el Tribunal Internacional para Ruanda juzgó a Ferdinand Nahimana, fundador y comentarista de una cadena de radio-televisión, y Hassan Ngeze, fundador y editor de un periódico extremista. 

Ambos, concluyó el tribunal, incitaron el genocidio al usar expresiones de odio para referirse al grupo exterminado, motivar a la gente a salir a cometer crímenes e incluso usar sus medios para exponer lugares de concentración de víctimas para atacar. Por esto, se les reconoció responsabilidad en el genocidio, aún sin haber empuñado las armas. Y fueron condenados a pena perpetua y a 35 años de prisión, respectivamente. 

 

Esto cobra relevancia, porque el artículo de Khan parece indicar la no limitación del precedente a momentos de conflicto. Según sus palabras, ya referenciadas, el uso de las telecomunicaciones para incitar crímenes de lesa humanidad es algo que ocurre inclusive en tiempos de paz, muchas veces protegido por las zonas de penumbra de los ordenamientos jurídicos internos y del derecho internacional, y por el anonimato de quienes producen la información. La investigación de la producción de información, en momentos fuera de conflictos bélicos es nuevo territorio para la Corte y el derecho penal internacional, y parece ser a donde estarán encaminadas sus próximas investigaciones. 

 

La primera decisión que se tome al respecto por el Fiscal será de vital importancia, y tal vez por eso aún se demore en llegar. Por ahora, Khan hace un llamado a la cooperación, no sólo entre países firmantes del estatuto de roma, como suele hacerse, sino también entre corporaciones con los medios para seguir estos crímenes. El cambio planteado no es una simple actualización de competencias, sino que implica un cambio estructural en el diseño de la investigación judicial, cambio que requerirá de una ayuda tecnológica externa y que ya empezó a implementarse en la Corte. Cambio que en el futuro probablemente genere preguntas sobre la relación entre corporaciones y tribunales, pero que en el presente parece ser la mejor apuesta para la modernización de la justicia.