FORO JAVERIANO

Por: Geraldine Pardo y Nicolás Montenegro

En primer lugar, hay que explicar brevemente qué está pasando en este conflicto. Sobre esto se puede decir que la primera matanza fue cometida por Hamás el 7 de octubre de 2023, en su mayoría contra civiles israelíes, dentro de los cuales, fueron 1.200 personas, y otras 240 tomadas como rehenes. Fue allí donde tuvo lugar la viralización de imágenes en un concierto donde los terroristas bajaron en paracaídas y empezaron a asesinar personas con armas de fuego e iniciaron secuestros masivos. Conforme pasaron los días, Israel implementó una "venganza poderosa" en Gaza, tal como lo describió su Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, a través de cooperación internacional, estableciendo bajas de altos objetivos militares, inteligencia militar y controles fronterizos. Esta guerra no es muy distinta a las de siglos atrás de esa zona: es una guerra por religión, por territorio, por recuperación del poder y vengativa; la cual, cuenta con una respuesta por parte Israel como mecanismo de defensa y de soberanía. Durante al menos veinte años, la división más significativa en el panorama geopolítico fragmentado de la zona estuvo entre los aliados de Irán y los aliados de Estados Unidos. Actualmente, más aliados para ambas partes del conflicto.

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En segundo lugar, de manera contextual, cabe resaltar que, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fue fundada en 1945 en La Haya y es el principal órgano judicial de la ONU. Su función es resolver controversias entre Estados y emitir dictámenes consultivos a solicitud de órganos de la ONU. Su jurisdicción se basa en el consentimiento de los Estados en casos contenciosos y se limita a la interpretación del derecho internacional en dictámenes consultivos. Nació tras la Segunda Guerra Mundial como organismo para evitar futuros conflictos internacionales y está compuesto por quince magistrados independientes elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta fue la encargada de decidir sobre los hechos puestos en conocimiento ante ellos por parte de Sudáfrica: un posible genocidio en la Franja de Gaza.

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Por consiguiente, surge el interrogante: ¿qué es un genocidio? La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio lo define como: "cualquiera de los actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso". Estos actos incluyen asesinatos, graves daños físicos o mentales, medidas para impedir nacimientos futuros o condiciones deliberadamente diseñadas para destruir físicamente al grupo o parte representativa de él. Para que una situación se considere genocidio, se deben probar ambos elementos: (i) la comisión de actos específicos; y (ii) la intención específica de destruir a un grupo. Esta intención genocida es un elemento clave y puede inferirse de los actos realizados, las declaraciones públicas y el contexto general. A su vez, la Corte ha establecido que los Estados pueden ser responsables por actos directos o indirectos – no tomar medidas para reprimir un genocidio – y complicidad – apoyar a otro Estado en su comisión –.

​​Dicho lo anterior, en diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una demanda ante la CIJ contra Israel, acusándolo de cometer actos de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. La demanda se basa en la, ya mencionada, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, de la que ambos países son signatarios. Sudáfrica solicitó la suspensión inmediata de las operaciones militares de Israel en la Franja, así como la implementación de "todas las medidas razonables" por parte de sus fuerzas para prevenir el genocidio. El demandante solicitó a la Corte que ordenara a Israel que prohibiera los desplazamientos forzados, asegurara la disponibilidad de agua y alimentos para la población civil y asegurara la preservación de las pruebas de cualquier posible genocidio.

Para fundamentar su demanda, Sudáfrica argumenta que las acciones de Israel en Gaza tienen como objetivo la destrucción parcial del pueblo palestino. Esta aseveración se basa en la evidencia de ataques deliberados contra civiles, incluyendo niños, la destrucción sistemática de hogares e infraestructura, y el bloqueo ilegal que priva a los palestinos de alimentos, agua y medicamentos. Sudáfrica también argumenta que Israel ha creado un sistema de apartheid que discrimina a los palestinos. Esto se evidencia en la negligencia ante las necesidades básicas de los palestinos en Gaza, las restricciones a su libertad de movimiento y un sistema legal discriminatorio que les otorga menos derechos y protecciones que a los ciudadanos israelíes. Lo anterior, evidencia una violación  al DIH, que se puede ver desde la Masacre de Rafah en 2004, la Guerra de Gaza en 2008-2009, y la represión de la Gran Marcha del Retorno desde 2018. Incluso, Sudáfrica sostiene que las acciones de Israel vulneran el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, y la Convención sobre el Genocidio.

Por otro lado, la defensa de Israel afirmó que las acciones de su ejército son una respuesta al ataque sorpresivo de Hamás que causó la muerte de alrededor de 1.200 personas y el secuestro de más de 240. Además, exhibió ante los jueces imágenes del letal ataque, así como un video en el que el terrorista de Hamás, Ghazi Hamad, se comprometió a erradicar a Israel. Los representantes legales de Israel Tal Becker y Malcolm Shaw sostuvieron ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que el solicitante busca frustrar el derecho inherente de Israel a defenderse y dejarlos indefensos.

En el transcurso de la audiencia, Israel negó la cifra de palestinos fallecidos en el marco del conflicto – más de 23.400 – al afirmar que son "cifras no verificadas proporcionadas por Hamás" y enfatizó que el movimiento islamista provocó las hostilidades actuales. Becker afirmó que Israel no busca un genocidio, sino que utiliza el mismo término para referirse al crimen por el cual Sudáfrica acusa a su país. Incluso, manifestaron que Hamás esconde en zonas civiles densamente pobladas como mezquitas, viviendas, instalaciones de la Organización de Naciones Unidas y hospitales, a sus fuerzas combatientes y armas.

La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que tome todas las medidas necesarias para evitar un eventual genocidio en Gaza, reconociendo que algunos de los derechos que Sudáfrica reclama y busca darles protección son factibles. El tribunal declaró que Israel debe tomar medidas efectivas para evitar la destrucción y garantizar la preservación de las pruebas relacionadas con las denuncias de actos comprendidos en el ámbito del artículo segundo y el artículo tercero de la Convención sobre el Genocidio contra miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza. Además, Israel debe prevenir y castigar cualquier comentario público que pueda considerarse incitación a cometer genocidio en Gaza.

Adicionalmente, la Corte determinó que Israel debe tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente para hacer frente a las adversas condiciones de vida a las que se enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza. Sin embargo, la Corte no ha expresado su opinión sobre la suspensión de las operaciones militares de Israel, tal y como Sudáfrica había solicitado al denunciar una "conducta genocida" en Gaza. No obstante, los jueces exigen que Israel garantice de inmediato que sus militares no cometan actos de genocidio.
 

Ante esto, las reacciones al fallo han sido disímiles. Por un lado, la Autoridad administrativa de palestina ha calificado la decisión como victoriosa para el derecho y la humanidad; en palabras exactas, Riad Maliki, Ministro de Asuntos Exteriores, celebró el fallo como: “un recordatorio importante de que ningún Estado está por encima de la ley o fuera del alcance de la justicia" y afirmó que la decisión rompe con la "arraigada cultura de criminalidad e impunidad de Israel en Palestina”. Asimismo, Sudáfrica, que presentó el caso ante La Corte, celebró la decisión pidiendo a Israel que respete el veredicto y que se esfuerce por lograr un cese al fuego total.

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Contrariamente, la voz común de los civiles del país ha sido de rechazo y decepción, pues, como lo reportó el medio France24, la sociedad civil agradeció a Sudáfrica llevar el caso frente a la CIJ, pero tenía su esperanza en una orden inmediata de un cese al fuego que les permitiera volver a una vida tranquila. Los ciudadanos permanecen sintiéndose desprotegidos y abandonados por la comunidad internacional, aún frente a las declaraciones del  presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, quien dijo que su país no será un "espectador pasivo" ante la comisión de crímenes contra otras personas.

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Por lo tanto, ¿qué sigue? Si bien los fallos de la CIJ son vinculantes y obligatorios, no es secreto que cuentan con los medios materiales para ejecutar sus decisiones. Véase, por ejemplo, la continuidad del conflicto Rusia-Ucrania a pesar de la orden del Tribunal a Rusia de parar actividades militares en 2022. Empero, el fallo acarrea un poder simbólico fuerte, que, según análisis, llevará a que la comunidad internacional ejerza presión para que paulatinamente se resuelva el conflicto. Como es costumbre, la comunidad internacional aborda el tema con mesura, los internacionalistas mantienen el optimismo y la sociedad civil continúa a la deriva.