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CRÓNICA

El pasado oscuro de Caquetá 

Capítulo I: A la memoria de un pueblo olvidado 

La tranquilidad de la cual gozaban las poco más de quinientas familias del caserío de Puerto Torres, ubicado en el municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá, sería arrebatada con la transformación de su territorio en un punto de exterminio y centro de tortura. El cual surgiría tras la llegada del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al inicio de los 2000’s. 

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Fuente: Milton Camilo Chávez

Por: Milton Camilo Chávez

Los orígenes de la colonización de Caquetá se remontan a la época colonial, luego de que misiones religiosas constituyeran algunos pueblos en el piedemonte del departamento. Uno de estos asentamientos se llamó Espíritu Santo del Caguán, y fue instituido en 1590. Ese mismo año se constituiría el poblado Ahumea y posteriormente en 1728 San Bernardino de los Caguanes. Lastimosamente, las condiciones climáticas, la epidemia de viruela y las limitaciones geográficas de esta región predeterminaron la extinción de las colonias surgentes. 

Debido a que la cordillera oriental servía de barrera infranqueable y al desconocimiento de la existencia de recursos naturales fácilmente disponibles o de una considerable mano de obra indígena; Caquetá, como toda la Amazonía colombiana, fue en gran medida olvidada por el Estado y los habitantes del interior del país hasta mediados del siglo XIX. No fue sino hasta en el siglo XIX que la explotación y comercialización del caucho propició la ocupación del piedemonte Caqueteño y el establecimiento de asentamientos que sirvieron como centros de acopio de látex. 

Los municipios que sirvieron como centros de acopio de látex fueron Puerto Rico, fundado en 1884; San Vicente del Caguán instituido en 1896; y Florencia constituida en 1902, como resultado del extractivismo del caucho. Con el tiempo, más que la explotación de los recursos naturales, el proceso de colonización de Caquetá se aceleró de alguna manera en la década de 1930 debido a los factores relacionados con la estrategia militar, así como los factores sociales y económicos. Ese mismo año, como resultado del conflicto con Perú y debido a una estrategia militar, se construiría por el Estado colombiano la carretera entre Guadalupe; Huila y Florencia en Caquetá; convirtiéndose en el mecanismo de articulación territorial de este departamento con el resto del país. 

La migración campesina del Huila hizo que pequeños grupos se empezaran a instalar en los márgenes del río Orteguaza, al sureste de Florencia, y en San Vicente del Caguán, al noreste del departamento. Donde crearon características espontáneas en busca de su recomposición social y económica. 

En Caquetá coincidió con este proceso migratorio una colonización de tipo empresarial basada en la ganadería, que se prolongó hasta 1942. La familia Lara comenzó a construir un importante enclave ganadero en su finca de Larandia en 1935, y a mediados de la década de 1960 se habría convertido en el latifundio más grande de la nación. Dos continuos procesos de poblamiento —la migración forzada producto de la violencia y el modelo económico concentrador que excluía a los campesinos del interior del país— se desarrollaron en forma paralela a la consolidación de la vasta hacienda ganadera de la Familia Lara durante las últimas décadas de los años cincuenta y sesenta. Sin embargo, estos procesos se diferenciaron en sus relaciones con el Estado y en las conformaciones organizativas de sus poblaciones, a pesar de compartir la misma causalidad. 

Además, estos dos procesos de asentamiento se distinguieron por la superposición espacial, a pesar de ser organizacional y relacionalmente distintos entre sí y de las instituciones estatales. Por un lado, llegaron dos contingentes de población del interior de la nación que, a pesar de estar fuera del control institucional del Estado colombiano en su nuevo asentamiento, optaron por emigrar debido a las penurias económicas y la violencia partidista que se había desatado tras el magnicidio del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Uno de estos grupos, que ha sido descrito como una colonización espontánea por su falta de organización política, se instaló en la región de Andaquí, así como también en el piedemonte de El Doncello, El Paujil, La Montañita y Puerto Rico, donde comenzaron a establecerse sin mucha ayuda del Gobierno. 

El otro grupo, cuya migración se atribuyó a tener una organización que le permitió enfrentar muchas de las presiones que supuso el asentamiento en territorios desconocidos y aislados del resto de la nación. Según algunos investigadores, habitaba la región de El Pato, donde, como en el caso anterior, inició su recomposición económica y social independiente del desarrollo estatal, la acción militar o la planificación estratégica. 

 

Por otra parte, Caquetá también fue objeto de procesos de colonización promovidos y apoyados por el Estado a partir de los años cuarenta como mecanismo para desactivar el conflicto social, político y militar originado en la descomposición campesina. El cual se derivó del modelo concentrador de tierras y recursos. Durante las fases uno, dos y tres del Proyecto Caquetá Uno, estos procesos de ocupación del territorio con la anuencia del Estado colombiano se desarrollarían primero con el apoyo de la Caja Agraria y luego bajo la dirección del Incora. Los frentes de colonización que habían comenzado a formarse en lugares como La Mono, en Belén de los Andaquíes, Maguaré, en El Doncello y Valparaiso, en el municipio del mismo nombre entre 1959 y 1962 fueron impulsados ​​por el Incora con apoyo financiero del presupuesto nacional y préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento.

 

En términos político- administrativos, Caquetá recorrería un largo camino para consolidarse como departamento desde 1845, cuando el Congreso de la Nueva Granada constituye el Territorio del Caquetá con sede en Mocoa. Hasta 1981 cuando la Intendencia Nacional del Caquetá se eleva a la categoría de departamento, delimitándose territorialmente hasta 1985 donde se le otorgan nuevos municipios: Albania, Cartagena del Chairá, Curillo, Milán, Morelia, Solano, San José del Fragua y Valparaíso, y finalmente, en 1996 se le otorgaría su decimosexto municipio, Solita. 

Este departamento que recién germinaba, auguraba ser epicentro de biodiversidad y ecoturismo en la nación, debido a la magia salvaje y belleza tropical propias de la Amazonia. Sin embargo, las trompetas de guerra atrasarían cualquier suceso que le permitiera a la región poder consolidarse en el desarrollo y el progreso, cubriéndola en la penumbra de la guerra y la violencia de los grupos armados, usurpando las ideas de progreso y desarrollo de sus habitantes, que, esperanzados en poder construir un lugar apartado del conflicto interno del país, quedarían atrapados en las garras del ímpetu de los grupos armados. 

Tal es el caso de Puerto Torres, que por durante mucho tiempo se denominó como "el campo santo", "el matadero" y "el cementerio". Esto se debe a que en 2001 y 2002 dicho caserío perteneciente a Belén de los Andaquíes fue tomado por miembros del Frente Andaquí Sur del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes, utilizarían dicho corregimiento para encarcelar, desalojar y desaparecer a múltiples personas. La casa cural, la iglesia y el colegio del corregimiento se convertirían en "escuela de la muerte", los planchones de cemento, ubicados detrás del colegio, serian el lugar para descuartizar a sus víctimas.  

Las víctimas de este suceso eran primero tratadas brutalmente en un árbol de mango, interrogadas en la casa cural que los paramilitares habían convertido en un calabozo y luego asesinadas. Los que venían agonizantes del calabozo, eran decapitados y descuartizados en pedazos de tronco diseñados para dicho fin. Los aguerridos instructores experimentados eran aquellos que cometían tan aberrantes crímenes. Numerosas personas fueron testigos de estos hechos. Unos eran los nuevos integrantes del grupo armado, quienes estaban a cargo de cavar las fosas individuales y cargar los muertos hacías sus tumbas, los otros, fueron las víctimas. quienes colgadas de un árbol observaban lo que les hacían a los otros torturados. 

Más de treinta seis víctimas mortales dejó este suceso atroz, donde se estima que treinta y tres de ellas eran hombres, y tres mujeres; la persona más joven en ser asesinada rondaba a los 15 años y la más vieja se acercaba a los 60 años. Recibieron disparos por proyectil de armas de fuego, en sus cráneos, tórax y piernas; fueron sometidos a quemaduras en el rostro, fragmentaron, mutilaron, amputaron y desmembraron cada parte de sus cuerpos. Una vez finalizado el asedio, los restos eran arrojados a fosas individuales, sin actos solemnes ni ceremonias religiosas que permitieran a las familias poder despedirse de los seres que más amaban. 

Numerosas familias que aún desconocen el paradero de sus seres queridos y sufren las consecuencias de la desaparición forzada y se encuentran en vilo por tragedias como la de Puerto Torres, que ejemplifica las consecuencias de los efectos atroces que deja la violencia, que, sin guardar consideración alguna, con su paso arrasa con la tranquilidad de las personas y devasta los hogares. En el corregimiento de Puerto Torres, las treinta y seis familias no olvidan lo sucedido con sus seres queridos, quienes a pesar del duelo y el vacío que queda en sus vidas, optaron por resignificar un lugar de muerte para sembrar la vida. 

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