FORO JAVERIANO

En el curso de los últimos años, los acontecimientos, tanto nacionales como internacionales, han evidenciado, cada vez con mayor severidad, las grandes falencias del Estado colombiano en su propia organización institucional, los vacíos que el centralismo ha configurado en la distribución de poderes y recursos que hoy impiden a nuestro país el salto cualitativo hacia una organización plena, dinámica, y sustancial para el correcto manejo de las riquezas nacionales.  

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Se ha entendido que la unión de las distintas fuerzas políticas en las grandes ciudades del país poco o nada han influido en aquellas administraciones más alejadas del Estado colombiano, de aquellas que por propia negligencia del gobierno limitan su accionar a una administración deficiente, abstracta, incapaz de cimentar los mecanismos y las estructuras administrativas apropiadas para el correcto desarrollo de las comunidades que mayor atención e intervención requieren en nuestro país. 

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Algunos de los casos más preocupantes corresponden a las regiones Pacífico, y Caribe, así como buena parte de la región Andina, sin excluir a las demás regiones del territorio nacional. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 34% de la población nacional viven hoy en la pobreza monetaria, mientras que las tasas de trabajo informal han llegaron hasta el 40%, las cifras son claras en este aspecto, Colombia es un país que cada día es más pobre, nos lo enseñan las cifras, así como el actual panorama político del cual solo cabe mencionar su evolución antidemocrática y peligrosamente centralizada. 

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El análisis preliminar: 

El éxito de un proyecto de descentralización administrativa, política, y económica supone la redistribución de las actuales rentas para el fortalecimiento en materia de gestión de las administraciones departamentales y municipales. Comprendiendo a las regiones como entes autónomos, independientes y complementarios entre ellos podemos dar lugar a una reformulación de las actuales políticas nacionales que en su intento por dinamizar a la nación, la enganchan a la perpetuidad burocrática, y en últimas, a la desaceleración socioeconómica de las regiones en todas sus concepciones posibles. 

 

Esta concentración de poder en las autoridades centrales suscita a la debilidad perpetua de las administraciones regionales, transformando a las democracias modernas en meras oligarquías competitivas, las cuales día a día luchan por la aprobación popular en un intento por preservar el status quo, facilitando el abuso de poder y en últimas, utilizando a las instituciones como arcas privadas al servicio de unos pocos.  

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La debilidad de los departamentos y  municipios no se limita, ni mucho menos, a una incapacidad política de su área de acción, sino que se ve correlacionada con la deficiente distribución financiera entre las regiones, aquellas que requieren una mayor inyección de capital para el desarrollo de su industria, de su población son, paradójicamente, aquellas que menos apoyos reciben por parte del gobierno central.  

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El actual panorama: 

La gravedad de esta situación la seguimos percibiendo día a día. El modelo centralista ha condenado a las regiones, acumulando la riqueza y marginalizado a aquellas ricas en el agro y la industria, privándolas de los capitales necesarios para incorporarse formalmente a una economía dinámica, libre, y diversa. Busca anteponer al interés egoísta particular antes que al bien colectivo de nuestras regiones. Con esto en mente, resulta pertinente preguntarse ¿Es posible cambiar esta situación o inevitablemente Colombia se ha convertido en una nación condenada por sí misma?  

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La respuesta, para sorpresa de pocos, resulta cuanto menos incierta, pues negar el proceso que hasta ahora se ha llevado a cabo en Colombia para una descentralización verdadera resulta en un error de proporciones dantescas. Es importante reconocer que dichas deficiencias han sentado la base hacia un marco jurídico que ha dado lugar a un concepto de descentralización temprana, personalmente, celebro acciones como la Ley 1962 de 2019, mejor conocida como la “Ley de las Regiones” que han cimentado un primer paso hacia una descentralización total en Colombia, permitiendo el fortalecimiento institucional regional, creando nuevas economías departamentales y regionales, preparando a la nación hacia un estado de solidez económica y distribución justa del erario público. 

Defender la descentralización corresponde a ese espíritu democrático capaz de crear los mecanismos pertinentes para el correcto desarrollo de la nación, un manejo racional con miras al bien colectivo. Colombia requiere más que nunca su independencia regional como instrumento esencial ante la acumulación de poder y el uso desmedido y egoísta de los más valiosos recursos que nuestro país puede ofrecernos.  

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Hoy más que nunca buscamos una reorganización nacional para dar nuevo rumbo a la enorme fuerza popular cuyo potencial se halla en manos de intereses hostiles. Se busca un nuevo cambio institucional capaz de llegar a donde ningún partido o gobierno ha llegado, para dar voz a aquellos que hoy no la tienen, para unificar a una nación que día a día sufre de los males que sus propios dirigentes han causado. 

 

​​La racionalización del Estado colombiano debe buscar nuevas relaciones con las regiones,   ーinsistoー sin necesariamente forzar un desarrollo irregular de sus economías, vulnerando sus tradiciones, atropellando a sus autoridades, imponiendo la autoridad absoluta de la capital. La descentralización, como cualquier hecho de la vida, busca modificar la estructura misma del Estado, la de una sociedad que aún se encuentra en proceso hacia la democracia plena, Colombia aún hoy vive en el inicio de los primeros proyectos nacionales de descentralización, alterando los comportamientos tradicionales de la política nacional, perfeccionando la legislación, así como la mentalidad de sus ciudadanos.​ 

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Una descentralización tridimensional: 

Las administraciones departamentales, municipales, así como las áreas urbanas y rurales de la geografía nacional, deben comprenderse como el eje tridimensional hacia una descentralización auténtica que sea capaz de comprender nuestra realidad y nuestras deficiencias sustanciales. Se debe entender que vivimos en un país de mayorías rurales, donde es necesario permitir a las comunidades organizarse de forma autónoma comprendiendo al Estado como un ente fiscalizador más no impositivo en su agremiación y su distribución de funciones laborales y fiscales.  

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En los casos de los departamentos, y sus capitales, las cuales albergan hoy a grandes franjas de la población campesina, se debe garantizar los asuntos del interés público, construir una nueva organización social que asegure un manejo de los proyectos, presupuestos, así como sus miras, y sus beneficios a largo plazo, de los cuales deben cimentarse en un proceso transparente y disciplinado. 

En esencia, la descentralización, la federalización de Colombia, tendría sin lugar a dudas múltiples consecuencias, apenas estamos dando los primeros pasos del proceso, sin embargo, aquellas más significativas corresponden a los factores políticos, económicos, y sociales. Se requiere de una voluntad popular que hoy comprende el fenómeno político que ha estancado a nuestro país; la corrupción excesiva, la desbordada burocracia, entre otros, presentan algunos de los muchos impedimentos para el cambio sustancial de nuestra actual política. 

Considero que no existe mejor momento para los cambios en nuestro país que ahora. Es algo que demanda la nación tanto como lo evidencia el actual panorama. No podemos condenarnos a la esterilidad política, a la incapacidad de las instituciones y de los sectores políticos tradicionales que pretenden mantener un rumbo ciego para el país, donde no se visualiza otra cosa que el interés particular, la perpetuidad de la violencia y la pobreza, la negligencia de las instituciones, y el estancamiento de los proyectos de desarrollo que el país tanto necesita. 

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Nunca se ha presentado, como ahora la forma más clara la necesidad de resolver nuestro actual dilema para nuestro porvenir; requerimos de reformas radicales en la distribución de la propiedad y el ingreso, permitiendo a una cada vez más reducida clase media la posibilidad de un mejor mañana consagrado en una revolución administrativa para que en Colombia no haya una revolución violenta. Es un hecho que la demagogia y las prácticas egoístas han sumado privilegios e injusticias para unos pocos, pero aún y a pesar de esto, las condiciones se hacen idóneas para un primer paso, para una descentralización absoluta, por una Colombia nueva.