FORO JAVERIANO

El COVID-19 volvió a agitar una conversación que estaba aparentemente apagada en los últimos años, o al menos, que no había sido tan mediática. ¿Deben ser las vacunas gratis para todos? ¿Debe todo medicamento ser más económico y asequible para el público? De allí se desprende entonces, que el acceso a la producción intelectual, educación y cultura, ¿debe ser gratis? Para muchos sectores la respuesta a estas preguntas es bastante obvia. Lo que ellos tienen en cuenta es satisfacer necesidades mínimas de las personas, que tengan que ver con la  dignidad humana. Así cumplen con lo que un Estado Social de Derecho presupone. Lo que los defensores de estas ideas no toman en cuenta en su análisis, es que, para que un Estado tenga la capacidad de suplir tales necesidades, necesita una economía fuerte por detrás. Para eso existen las normas de propiedad intelectual.

 

La propiedad intelectual no comporta un simple capricho para dificultar el acceso y uso de la información, todo lo contrario, pretende impulsar la creación de la misma. En el mundo en que vivimos, sería descabellado negar que la mayoría de la población planea su vida en aras a prosperar económicamente, a que su día a día rinda un fruto percibido en dinero, con el cual pueda mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿Qué pasaría con los artistas, escritores, académicos, e incluso, grandes empresas farmacéuticas que no tengan un incentivo económico para, no solo proteger lo que es fruto de su intelecto, sino subsistir en un mercado volátil en el cual el dinero viene y va?

 

Pongamos el caso de un investigador que se dedica a escribir libros académicos con fines claramente educativos. Algunos dirían que si como sociedad queremos avanzar, tenemos que garantizar el acceso a libros, a la información fácil para todos. Dirían que el acceso a un libro no puede ser solo para los privilegiados que tienen el poder de comprarlo. Pero la realidad es que serían muy pocos los que se dediquen a escribir sin ninguna retribución.

 

Ahora, vamos con un ejemplo, ¿Qué haría el investigador, quien escribe libros como su actividad económica principal, si todos los insumos que utilizó, el tiempo invertido resultara en réditos = 0? La respuesta es fácil: busca otro quehacer. Uno que le dé buenos ingresos. Donde no tenga que regalar el fruto de su trabajo. Ahí ya perdimos a una pieza fundamental en la generación y esparcimiento del conocimiento. Pero ahora, multipliquemos por las millones de personas en esa misma situación. Qué sacrificamos: ¿la cantidad de acceso o la cantidad de producción de conocimiento?

 

Este es solo uno de los muchos ejemplos que se pueden plantear con miras a demostrar la necesidad de normas de propiedad intelectual. Lo anterior, para impulsar la producción cultural e intelectual, al menos desde el lado económico. Por ello, en respuesta a quienes predican que el acceso a estos productos debe ser totalmente gratuito. Les diré algo. Considero que dichas normas no solo son una protección y reconocimiento a lo que cada uno de nosotros crea e inventa. No es un simple tema mora. Sino también un medio económico para incentivar tales prácticas. Estas permiten a los sujetos subsistir en un mercado que les obliga a combinar su pasión, con su forma de subsistencia.