INTERNACIONAL
Una constitución que no garantice la separación de poderes y la garantía de los derechos de su ciudadanía está condenada a ser abolida.
Chile, un país con un ánimo de lucha inmarcesible
Este último año, se ha podido apreciar cómo nuestro país vecino (Chile) ha salido a las calles para exigir el reconocimiento de una ciudadanía que ya no se siente identificada por su carta magna, pero ¿Cuál es el motivo?
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Por: Milton Camilo Chávez Mendoza
Para comprender la controversia que rodea a esta Constitución de Chile, es importante rastrear desde sus orígenes hasta su aprobación (11 de septiembre de 1980), en una audiencia controvertida bajo el gobierno militar de Augusto Pinochet.
El ideólogo, encargado de la creación de este texto fundamental, fue Jaime Guzmán, profesor de derecho, senador y fundador del partido político de derecha “Partido Democrático Independiente Unido” (UDI), el cual fue asesinado en 1991 por fuerzas especiales de extrema izquierda. Este texto estaba diseñado para que los sectores más conservadores de la sociedad pudiesen permanecer en el poder, incluso hasta después de terminada la dictadura, y para poder realizar un cambio trascendental en el mismo era necesario un quórum muy alto. En palabras de Guzmán, la constitución estaba redactada de tal forma que, si llegasen a "a gobernar nuestros adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría".
Tras la muerte de Pinochet en 2006, el proceso de transición fue bastante complejo, pues los partidos democráticos tuvieron que negociar la aceptación de la Constitución de 1980 que condicionó todo el proceso político. No obstante, a pesar de todos los impedimentos legales y políticos para poder modificar la constitución, en los Estados de Derecho, la soberanía siempre recae sobre sus ciudadanos. Dándole la oportunidad al pueblo de poder ser quien cargue el asta que sostiene la bandera de un cambio genuino. Es por ello que, tras las múltiples manifestaciones que mostraban la frustración del pueblo chileno con la actual Carta Magna (que ocultaba un sistema económico que no logra brindar a millones de chilenos servicios básicos como salud y pensiones digna), se empezó a redactar un proyecto de ley para reescribir la constitución; que terminaría con un llamado a las urnas el domingo 4 de septiembre del presente año. Momento en el que el pueblo, por medio de un plebiscito, tuvo la oportunidad de darle el visto bueno a su nueva constitución.
Sin embargo, a pesar de tener un borrador de una nueva constitución, el 62% de los ciudadanos chilenos se encontraron en total desacuerdo con el texto que el gobierno de Gabriel Boric proponía. Estos resultados son el reflejo de múltiples aristas que permiten comprender la negativa frente a este documento por parte del pueblo chileno, siendo la principal la ausencia de todos los puntos de vista políticos. El pueblo chileno anhela un cambio donde todas las voces sean escuchadas, sin represalias ni repercusiones políticas.
El resultado del plebiscito no debe ser considerado como el final, sino el comienzo para escribir una nueva historia en Chile. Está más que claro que los que votaron en contra, quieren una nueva constitución, por lo que, el resultado no es un rechazo absoluto, sino un rechazo a este documento inicial. Se deben aprovechar las tensiones que vive el ambiente político en Chile, donde se les dé lugar a los que votaron en contra y que quieren que el proceso se inicie de nuevo. Sin embargo, esta vez se debe escuchar a la derecha y los sectores más conservadores, ya que la pasada Asamblea Constituyente estaba dirigida por políticos independientes y de izquierda; sectores políticos que no representan a todo el pueblo chileno. Este es el verdadero problema y la razón por la cual se obtuvieron esos resultados. Además, un porcentaje del constituyente estaba destinado a la gente común (como lo exigían los chilenos) que, al no ser personas muy experimentadas, plantearon algunas inconsistencias en el texto presentado.
El rechazo a la constitución chilena no debe ser tomado como un escenario de medición de fuerzas entre los movimientos de derecha e izquierda de dicho país, pues está en juego uno de los instrumentos más importantes de un Estado, el cual debe garantizar los derechos que tanto clama su ciudadanía de manera imparcial y justa. Se debe garantizar un cambio genuino, dirigido al interés popular, alejado de los intereses de terceros y de los conflictos políticos generados por el deseo del control del poder político y ajenos al respeto de lo dictado por la soberanía.