EN EL HUECO

2019-II

De cara a lo inesperado

LO MÁS INSOLITO DEL CONSULTORIO JURÍDICO

¿Defensor de oficio de un exgobernador envuelto en un escándalo de corrupción? ¿Acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ayudar a un traficante en Italia? Uno nunca sabe lo en entrará por esa puerta.

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Por: Juan José Díaz Martínez 

Defensor de alto impacto

El Consultorio Jurídico es la primera vez en la que los estudiantes nos enfrentamos al aterrador momento de ser consultados. Llega una persona, sin la más mínima idea de derecho, a confrontar todo lo que en la carrera hemos aprendido.

Es tristemente normal que llegue una persona en búsqueda de alimentos para sus hijos, de alguien que los represente en un proceso penal porque abusaron de ellos o de un hijo, porque su pareja les agredió o porque quieren que alguien les pague lo que les debe. Pero hay casos que desbordan la imaginación del más creativo jurista.

Me encontraba una tarde de miércoles en el Consultorio, cuando la docente del área de penal me entregó un oficio de la Contraloría General. Yo soy monitor del área de derecho disciplinario y fiscal, y aunque hemos podido manejar algunos casos defendiendo bomberos y otros funcionarios, los procesos se caracterizan por ser lentos y enredados.

Pero ese oficio tenía algo especial. Contenía la solicitud del ente de control de que el Consultorio enviara un estudiante como defensor de oficio. Ese estudiante sería yo. Me dirigí en los días siguientes a radicar la autorización, y al poco tiempo recibí una llamada en la que requerían que me presentara en la Contraloría.

Al llegar allá vi que todos los estados publicados tenían la misma calificación: “alto impacto nacional”. Cuando me entregaron el acta de nombramiento, el nombre de mi defendido me resultó familiar. “¡Claro!”, pensé. Sabía quién era: el exgobernador de un gran departamento, acusado de uno de los más graves escándalos de corrupción que azotó al país hace algunos años. Pedí copia de la carpeta, de más de 900 folios, que contenía versiones libres de congresistas, magistrados y múltiples citaciones.

De la nada, me convertí en el defensor de un importante personaje de la política nacional. Llevo un buen tiempo revisando el expediente y aún no sé ni qué pensar. Sólo lamento la pobre alma que deba sustituírmelo el próximo semestre.

 

La mula inocente

 

Un amigo mío hacía parte del extinto grupo de filtros, donde llegaban todos los casos. Una vez quedamos desconcertados con un hombre que nos narró su historia. Él vivía en Italia y fue condenado a prisión por transportar droga en un camión. Fue liberado por una coma (que en italiano es un detalle pequeño y no una coma literal como pensaba mi amigo), y volvió a Colombia para rehacer su vida.

Pero el pasado nos persigue. En el sistema de antecedentes penales, aparece que “actualmente no es requerido por las autoridades”, que es diferente al “no es requerido” que tenemos todos los que no tenemos antecedentes penales.

 

Esto fue determinado mediante una Sentencia de Unificación de la Corte Constitucional, lo que lo hace bastante difícil de cambiar. El señor pretendía que cambiáramos lo que aparecía en la página de la Policía para que lo pudieran volver a contratar en empresas de transporte, aún después de haber sido condenado por transportar droga. 

Mi amigo, con un gran corazón, creyó siempre en la inocencia del culpable.

El peor primer día

Una amiga, en su primer día de consultorio y en su primera consulta—con el terror que eso acarreaba—,fue la protagonista de otro hecho insólito. Es común estar nervioso la primera vez que tienes un usuario al frente, no saber que decirle con cualquier cosa con la que vaya a salir. Pero la de ella fue especialmente traumática.

Su usuaria era una señora que llegó a pedir ayuda sobre las tristemente comunes pensiones de invalidez. Pero no se trataba de revisar si cumplía o no con los requisitos de la ley 100, o pelear con las juntas de calificación. Resulta que la señora tenía una Sentencia de Unificación en firme sobre una acción de tutela que ella interpuso acerca de su pensión. Es decir, la misma Corte Constitucional había definido ya su situación en una sentencia.

Mi amiga buscó la ayuda de los profesionales del consultorio. Afloró la idea de que si esto ya se resolvió por el derecho interno, habría que acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Habría que hacer maletas para viajar a San José.

¿Qué solución más podía haber? Las opciones escaseaban y los días para entregar la consulta pasaban volando. Acudió a un sabio profesor de constitucional, quien le dio la fortuna de descartar ir a la Comisión Interamericana, porque por esa vía el asunto no prosperaría. Finalmente, todo se podría solucionar con una acción de revisión sobre el monto de la pensión.